Cinco medidas de choque para salvar el mar Menor

1-. Agilizar los plazos para la tramitación de los expedientes por infracción medioambiental sin resolver. El Gobierno central reprochó ayer que hay 800 expedientes abiertos por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y la Fiscalía de Medio Ambiente paralizados en Murcia y que no se están tramitando; mientras, la Consejería de Medio Ambiente del Ejecutivo regional contestó que solo había recibido 123. El compromiso adquirido hoy es agilizar la tramitación de todo el volumen de los expedientes retrasados. Estos expedientes contienen denuncias desde concesiones de agua irregulares o excesivo uso de nitratos hasta cultivos ilegales.

2-. Coordinación. No es baladí que tanto desde el Ministerio de Teresa Ribera como del Ejecutivo murciano hoy hayan aproximado sus posturas antagónicas y hayan quedado en coordinar sus actuaciones. La evolución de las medidas implementadas se expondrá cada seis meses y la comunicación entre administraciones hasta ahora enfrentadas por las soluciones que proponen para salvar el mar Menor será mucho más fluida, con reuniones bilaterales programadas para cada seis meses.

3-. Murcia da un paso al frente con la prohibición de los fertilizantes nitrogenados , que se usan en los cultivos agrícolas del entorno de la laguna. Con ello, se pretende poner fin a los nitratos que acaban filtrados a la laguna salada y de ahí al mar Menor.

4-. Los ejecutivos también han recibido el recado de las organizaciones ecologistas acerca de la necesidad de declarar a la zona dentro del catálogo de un hábitat en riesgo, para la protección de su fauna y su flora dentro de esta consideración.

5-. Otra iniciativa que los naturalistas consideraban imprescindible para curar el mar Menor era la creación de un cinturón verde alrededor del acuífero del Campo de Cartagena y la laguna salada. Para ello, el Ministerio de Transición Ecológica ha considerado que abre la puerta a la compra de fincas donde se produzcan regadíos ilegales y favorecer así su desaparición . El compromiso no está cerrado, sino en estudio por parte del Gobierno central.