Murcia prohibirá el uso de fertilizantes nitrogenados en las zonas aledañas al mar Menor

La batería de propuestas llegó este miércoles por parte del Gobierno autonómico que dirige Fernando López Miras. Mediante un nuevo decreto ley, ampliará las restricciones a la agricultura en la zona más cercana a la albufera y prohibirá el uso de fertilizantes nitrogenados inorgánicos en la llamada zona 1, que abarca unas 9.000 hectáreas cercanas al ecosistema, confirmaron fuentes autonómicas a ABC. Una medida que fue bien recibida por la ministra para la Tansición Ecológica, Teresa Ribera, que sin embargo afeó que llega «con retraso» respecto a la recomendación que hizo la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), organismo dependiente de su departamento. Pero «va en la buena dirección», dijo.

El objetivo de esta medida es limitar el riesgo de contaminación por nutrientes en la laguna salada, ya saturada de nitrógeno, que favorece su eutrofización y acaba con el ecosistema marino. De hecho, la Ley del Mar Menor aprobada hace un año por el Ejecutivo regional ya prohibía en los primeros 500 metros de costa este tipo de fertilizantes, mientras establecía para la franja de 1.500 metros restricciones a los de tipo químico, estiércoles no compostados y abono en verde. Ahora, las nuevas limitaciones autonómicas irán aún más allá al eliminar también los fertilizantes nitrogenados en esta franja, con el objetivo de evitar así que cualquier episodio de lluvias, aunque no sea de gran intensidad, pueda arrastrar los nutrientes a la laguna salada y desencadenar una nueva crisis.

Además, el Ejecutivo murciano planteó también reducir a la mitad todos los plazos administrativos dentro de la tramitación de expedientes sancionadores sobre los cultivos ilegales, al objeto de dotar de mayor agilidad los procesos contra infractores. Según los datos del Ministerio, hay más de 8.000 hectáreas de cultivos ilegales en la zona que no cuentan con concesiones de agua y que contribuyen a una presencia excesiva de abonos.

«El Gobierno regional siempre ha defendido la aplicación de la agricultura sostenible de precisión que, con su aplicación, garantiza la no afección de los fertilizantes al acuífero, pero dado el estado actual del ecosistema y ante el riesgo de sufrir nuevos episodios climatológicos extremos en los próximos meses, se estima la necesidad de adoptar estas nuevas medidas que refuerzan el trabajo desarrollado por la Comunidad en los últimos años, con el objetivo de evitar la entrada de nutrientes de forma superficial al Mar Menor», explicó el Gobierno regional en una nota.

Además, en la reunión celebrada por la tarde, Ribera y López Miras acordaron establecer encuentros cada seis meses para analizar y hacer un seguimiento del estado del mar Menor y su recuperación. Pero los acuerdos han llegado hasta aquí, con un líder murciano que pedía dejar atrás los desencuentros y una ministra que decía haber sentido cierta «frustración» desde la crisis de 2019 por toparse con «algo» que no «permitía seguir avanzando», en alusión a la comunidad.

«Tenemos visiones diferentes y prioridades distintas, pero un objetivo común» , decía López Miras en la rueda de prensa conjunta. Entre esas visiones diferentes se encuentra, por ejemplo, el bombeo del acuífero del Campo de Cartagena con la intención de sacar el líquido que contiene unas 300.000 toneladas de nitratos, según sus cálculos. «Es muy importante actuar para rebajar el nivel freático y evitar que los nitratos lleguen al mar Menor», dijo el presidente regional.

También siguen sin contestación el resto de sus peticiones urgentes, como el cese de vertidos desde la rambla del Albujón o el dragado del canal de Marchamalo , sobre las que, asegura, no tiene competencias y debe contar con el visto bueno gubernamental. Pero dentro del Ministerio para la Transición Ecológica cuestionan esta última medida, avalada hace una semana por el Grupo de Trabajo de Ecología Lagunar. No está exenta de polémica y no ha logrado el consenso de los expertos. El Colegio Oficial de Biólogos de Murcia la tachó el lunes de «una temeridad y una actuación contraria a toda evidencia científica». No obstante, se ha trasladado al Instituto Español de Oceanografía para que, en el informe que prepara sobre el episodio de hipoxia, pueda valorar la viabilidad desde el punto de vista científico.

En este sentido, Ribera ha defendido la necesidad de que los pasos que se den estén respaldados por expertos técnicos y científicos. La ministra, además, rechazó el Plan de Vertido Cero , vigente desde el Ejecutivo de Mariano Rajoy, al que Ribera calificó de «desfasado», lo que causó malestar entre algunas de las administraciones involucradas en la crisis, que no solo vieron que la ministra visitaba la región sin una solución clara a la crisis, sino que criticaba las existentes. «Se nos ha dicho que se va a cambiar toda la estrategia en plena crisis y no entendemos que añada más retrasos cuando la situación del mar Menor es tan grave», lamentó la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo.

Tampoco gustó a los agricultores. El secretario general Asaja Murcia, Alfonso Gálvez, aseguró que Ribera «se contradice al decir que el plan está desfasado y que se plantean desde el Ministerio mantendrá algunas actuaciones como el colector vertido norte, el bombeo desde la rambla del Albujón que está operativo aunque con continuos fallos, o la desaladora prevista en el colector norte. Dice que ya no vale pero que determinadas actuaciones sí».

La ministra Ribera, sin embargo, quiere un enfoque «más amplio» y apostó por reorientar las medidas «en donde están esas cargas que el ecosistema no puede absorber». Según avanzó, estudiará la posibilidad de crear un «cinturón verde» en el entorno del mar Menor que sirva de «filtro» a las aportaciones que llegan desde tierra. Para ello, dijo, se ensayarán diferentes fórmulas, entre las que se encuentra la posibilidad de que el Estado compre los terrenos o la compensación a los propietarios que reorienten sus cultivos en esta zona. El Ministerio también estudiará incluir el entorno en un catálogo español de hábitats en peligro de extinción, amparado en la Ley de Patrimonio Medioambiental de 2007, que permitiría contar con más protocolos para el control de la laguna salada.

Ambas medidas fueron presentadas por la mañana desde las organizaciones ecologistas WWF y ANSE, que también pidderon nuevos órganos de participación como el Comité Científico y el de Participación Social, coordinados a partes iguales por el Ministerio para la Transición Ecológica y la Comunidad.