Las autonomías imponen hasta 25 versiones de un mismo libro de texto

El dato que pusieron ayer sobre la mesa es revelador: una editorial tuvo que realizar en el curso 2015-2016 hasta 25,5 ediciones de un mismo libro de Ciencias Sociales en cuarto curso de Educación Primaria. Y ello es así porque los responsables políticos les obligan a redactarlo en las distintas lenguas e incorporando diferentes contenidos. Un problema que, a juicio del sector, debería ser solucionado en el futuro Pacto por la Educación.

La primera llamada de atención sobre un intervencionismo que consideran «disparatado» la realizaron en el seno de la Subcomisión del Congreso de los Diputados que negocia el Pacto por la Educación. En este foro, el presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza, José Moyano , denunció las presiones «de todo tipo» que reciben de los Gobiernos autonómicos en relación al enfoque que deben dar sobre determinadas cuestiones en los libros, como así lo desveló ABC en su edición del 15 de mayo.

La segunda alerta llegó ayer, con motivo de la presentación del informe «El Libro Educativo en España. Curso 2017-2018», por parte de Moyano y del director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), Antonio María Ávila . En este documento se alude expresamente al «marasmo normativo», consecuencia de la «f ragmentación del sistema educativo». En este sentido, señalan que «las interpretaciones muy diversas de los textos constitucionales han repercutido en las negociaciones sobre las transferencias a las diversas Comunidades autónomas que, a su vez, son sumamente laxas a la hora de reconocer las competencias exclusivas del Estado y muy celosas del ejercicio de las suyas propias».

Ese celo en la defensa de sus propias competencias ha derivado en una falta de coherencia en el sistema educativo, con notables desigualdades normativas. Un ejemplo claro de esta incoherencia es que, según los editores, como consecuencia de la aplicación de la Lomce, las autonomías han «sorteado la norma del Estado » y han elaborado unos currículos «que nunca, hasta ahora, se habían apartado tan claramente de la norma estatal».

Esta diversidad de libros puede conllevar libros «más caros» y el sector señala en su informe que «el currículo básico debe de ser eso, básico, que permita la adaptación a las necesidades concretas de los alumnos».

Los responsables de los editores no han ocultado su malestar por esta situación. «Hay más fragmentación y diversidad curricular que nunca», subraya José Moyano, recordando que «nunca la había habido tanto en materias de aparante neutralidad, como Matemáticas. En este país no sirve un mismo libro de Matemáticas para todos, y esto es una barbaridad» .

El presidente de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), Antonio María Ávila, va más allá: «Uno de los problemas que tiene el sector educativo es la hiperadministrativización. Hay una intervención desatinada y disparatada de los poderes públicos, todos. Legislan en exceso, y la abundancia también mata».

Este sector señala que no están en contra de la estructura autonómica, pero advierten de que «hay muchos poderes legislando, a veces innecesaria e insuficientemente , sin meditar. Hay un exceso de normas, y mal hechas, desde el punto de vista de la técnica jurídica, y lo más triste, nunca con criterios pedagógicos , sino políticos o economicistas».

Este «marasmo normativo» es incluso desconocido por los propios responsables políticos cuando acceden al cargo. Moyano recuerda que «yo he estado en una Comunidad con los responsables de Educación y ni ellos mismos sabían los cambios que se habían realizado. Esto se está complicando tanto que un país que quiere ser operativo y tener empresas fuertes no puede estar al albur de estar continuamente intervenido por una normativa que son inasumibles ».

Junto a las críticas a la intervención política en los contenidos, los editores también se quejan de los cambios que los responsables autonómicos han introducido en la renovación de los libros de texto. Así, insisten en que, aunque la vigencia debe mantenerse durante cuatro años, según un Real Decreto de 1988, «las autoridades autonómicas han alterado ese período de tiempo razonable ». La razón sería la «crisis económica».

Estos cambios se han llevado a cabo «sin previo aviso» , lo que ha provocado desórdenes en los calendarios de renovación, así como graves obsolescencias e incertidumbres a la hora de planificar inversiones y ediciones de estos textos.

La única vía para poder frenar esta situación sería el Pacto por la Educación. Un consenso sobre el que hay, a día de hoy, unas previsiones muy pesimistas, después de que el PSOE anunciara un «otoño calentito en materia educativa». Las fuentes consultadas por ABC apuntan a que cuando se reinicen los trabajos de la Subcomisión del Congreso se podría constatar este distanciamiento del PSOE. De hecho, no se confía en que este acuerdo pueda alcanzarse en el plazo establecido.

Los editores señalan que el acuerde debe ir encaminado a un diseño curricular más sencillo, pero apuntan a que, en el mejor de los casos, en un «cálculo extraordinariamente optimista , estamos hablando de una ley para el curso 2019-2020. Si por medio se mete un proceso electoral, puede que la Lomce dure diez o doce años», subraya Ávila. Por ello, pide «generosidad » en el acuerdo porque «no todos pueden querer su propia concepción».

En el informe piden que la educación «no sea un arma política » y recuerdan que «no es el ámbito adecuado para medir el éxito o fracaso político. Cuando la educación se convierte en campo de lucha política, pierde la educación, pierden los niños y jóvenes y pierde toda la sociedad». Por ello, reclaman estabilidad para el sistema que pueda surgir del pacto

Los editores arremeten también contra los políticos, que consideran que «nunca» han estado a la altura necesaria. «La educación ha sido pisoteada en atención a intereses políticos inmediatos».