Aumentan los crímenes contra ambientalistas por el abandono oficial de la Amazonia

En el informe de 165 páginas llamado «Mafias del Ypé», la ONG relata cómo la violencia y la impunidad están estimulando la deforestación ilegal y los incendios forestales en la Amazonia brasileña, y aumentando los crímenes contra indígenas y los defensores del medio ambiente. Ypê es el nombre de uno de los árboles más valiosos de la Amazonia.

«Han surgido grupos de guardianes de la selva para substituir la falta del estado. En 2015 un líder indígena murió en el hospital sin autopsia. El nivel de impunidad es enorme », denuncia el investigador senior de HRW, César Muñoz, uno de los autores del informe, durante una rueda de prensa en Sao Paulo.

«Los brasileños que defienden el Amazonas enfrentan amenazas y ataques de redes criminales involucradas en la tala ilegal» , señala Daniel Wilkinson, director interino de derechos humanos y medio ambiente de HRW y afirma que «la situación está empeorando» desde que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, asumió el cargo en enero.

«Mientras él minimiza las consecuencias, los números de criminalidad siguen aumentando . Su ataque a las ONGs estimula abiertamente la violencia, dejando en riesgo a sus defensores y llevando la deforestación a niveles que no veíamos hace años», destaca Wilkinson.

La organización internacional ve reveses en la administración ambiental de Bolsonaro , un excapitán de extrema derecha que defiende la reducción de la tierra indígena, la explotación comercial de la selva y desconoce el cambio climático. El mandatario ha reducido los recursos financieros a poco más de 50 mil euros para este año, de los cuáles su Gobierno apenas gastó 7% hasta septiembre.

El informe recuerda que Bolsonaro amenazó con retirar al país del Acuerdo de París , su ministro del Medio Ambiente, Ricardo Salles, es un administrador acusado de crímenes ambientales, y su canciller, Ernesto Araújo, también criticado en el documento, dice que el cambio climático es una «táctica globalista» contra la soberanía brasileña.

Según la ONG, las redes criminales son coordinadas, generalmente, por agricultores e invasores ilegales de tierras que operan en la región, gastando sumas altas para contratar la logística en la selva , con máquinas grandes como tractores, camiones y otros equipos de tala.

Esas redes también coordinan la extracción, usando inclusive mano de obra esclava. El esquema criminal incluye el procesamiento y la venta de madera, los incendios, y la movilización de hombres armados para intimidar y hasta matar a quienes defienden la Amazonia. Las acciones tienen objetivo invadir tierras, que después son divididas y revendidas, usada también en minería ilegal y tráfico de drogas.

«El objetivo principal es el ganado, después acaparan tierras, dividen lotes a nombre de testaferros. La persona que compra esa tierra no es el deforestador, es el comprador , y así legalizan el circuito», explica el investigador español, César Muñoz.

Para preparar el informe, HRW entrevistó más de 170 personas, entre 2017 y 2019, en tres estados amazónicos: Marañón, Pará y Rondonia, entre ellos, 60 miembros de comunidades indígenas, y funcionarios públicos del área ambiental, incluidos agentes del Instituto Brasileño del Medio Ambiente (IBAMA), el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), la Fundación Nacional del Indio (Funai), agricultores, policías y fiscales.

La Comisión de Tierras Pastorales (CPT), una entidad vinculada a la Iglesia Católica, compiló al menos 300 delitos en los últimos diez años y compiló datos sobre delitos relacionados con el uso del suelo. Los números de CPT son utilizados por la Oficina del Fiscal General, ya que el gobierno federal no tiene un sistema para monitorear estas actividades criminales.

Otro hecho alarmante es que los responsables de actos de violencia en la región rara vez son llevados ante la justicia . «De los más de 300 asesinatos registrados por el CPT, solo 14 fueron juzgados; de los 28 asesinatos documentados por Human Rights Watch, solo dos fueron enjuiciados y ninguno de los más de 40 casos o amenazas resultó en ningún castigo», informa la ONG.

En las conclusiones, la HRW señaló que las comunidades indígenas y otros residentes amazónicos han jugado un papel importante en los esfuerzos del país para frenar la deforestación, alertando a las autoridades de actividades ilegales que de otra manera podrían pasar desapercibidas.