Uno de cada diez mayores ha dejado la residencia donde vivían por la crisis

En lo que va de año, la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) ha registrado un 10 por ciento más de plazas desocupadas y vaticina que si sigue esta tendencia se perderán más de 25.000 puestos de trabajo.

El presidente de la FED, Alberto Echevarría , explica que «el mercado privado está cayendo en picado como consecuencia de la crisis». «Hay muchas familias que están esperando las ayudas de dependencia; hay cientos de miles de personas ya valoradas y con derecho a prestación, pero no las reciben y privadamente no pueden seguir sosteniendo el coste de los servicios que les prestamos, no sólo en residencias, también en centros de día o servicios de ayuda a domicilio privados», señala.

Según el responsable de los empresarios de las residencias, «donde más se nota es el ámbito residencial; muchísimas familias sacan a sus familiares porque no pueden sostener el coste y están a gusto con el servicio, pero no lo pueden mantener y se tienen que llevar a sus familiares a sus domicilios ».

Este cambio, advierte, va a provocar un mayor gasto en las prestaciones del Sistema Nacional de Salud . «Es elevadísimo el porcentaje de derivaciones hospitalarias que evitamos; los usuarios están atendidos en nuestros centros con los servicios médicos y de enfermería propios y ahora, que viven en sus hogares, van a aumentar las asistencias a urgencias y los ingresos hospitalarios», indica Echevarría, quien también cree que será mayor el gasto farmacéutico .

El presidente de la FED recuerda que en 2011 se perdieron 8.000 puestos de trabajo en el sector y pronostica que este año «va a ser dramático, porque por cada dos usuarios que dejamos de atender en una residencia, se pierde un puesto de trabajo ».

Las ayudas y prestaciones que reciben los mayores sostienen a muchos hogares. «Con la prestación de cuidador familiar de la Ley de Dependencia y con la pensión del abuelo sobreviven determinadas familias» asegura el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales , José Manuel Ramírez .

Explica, por ejemplo, que en el Albergue Municipal de Transeúntes de Zaragoza muchos de los usuarios que van a comer cada día son abuelos, que se han convertido en responsables de la hipoteca de sus hijos, «tienen la pensión embargada porque les avalaron e incluso a algunos les han quitado la casa por ese motivo».

«Si es dependiente, la nuera o la hija se convierte en su cuidadora para percibir la prestación», señala Ramírez.

El responsable de esta organización, que agrupa a la mayoría de centros que prestan servicios sociales en municipios y en otras entidades públicas y privadas, lamenta que el 50 por ciento de las prestaciones, en la Ley de Dependencia , hayan sido de cuidador no profesional, que debería haber sido de carácter excepcional.

«Es un gasto improductivo, que no genera ni retornos económicos ni en el empleo, pero para las administraciones la prestación de cuidador familiar es la más barata de todo el catálogo de prestaciones», indica.

El presidente de los directores de servicios sociales argumenta que como la red pública está prácticamente saturada, las personas con problemas acuden al Tercer Sector -Cáritas, Cruz Roja o el Banco de Alimentos- y «cuando ya no da abasto, porque se mezcla desahucio, crisis y paro, entra el cuarto sector, que son las familias».

«La cohesión social está cogida con hilos en el cuarto sector, porque muchas de las familias que dependen de la pensión o de la ayuda que le dan al abuelo no aguantan mucho tiempo», concluye.