Admitido a trámite el recurso de Mos Movem contra el decreto del catalán en la sanidad balear

A través de un comunicado, Mos Movem ha expresado su «satisfacción» por la «rapidez» con que ha sido admitido a trámite el citado recurso. Los integrantes de la plataforma se sienten «muy esperanzados» por la decisión del TSJIB. Al mismo tiempo, han reiterado sus críticas al decreto, «que tanto daño está haciendo en la sociedad balear, donde asistimos a un éxodo de médicos especialistas sin precedentes, y un déficit asistencial manifiesto». El siguiente paso de Mos Movem será presentar una demanda, «en la cual se incluirán todos los motivos y argumentos de impugnación sobre el fondo -y la forma- del decreto».

La nueva norma lingüística fue aprobada el pasado 23 de marzo por el Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol, que gobierna con el apoyo de MÉS por Mallorca, MÉS por Menorca y Podemos. El decreto rebaja, en su versión definitiva, las exigencias de catalán inicialmente anunciadas el pasado año por la Consejería de Salud. Así, finalmente se podrá presentar a las oposiciones previstas para 2018 y 2019 cualquier profesional sanitario, aunque no tenga hoy la preceptiva titulación lingüística establecida para cada categoría laboral.

El nivel de conocimiento del catalán fijado finalmente para médicos, enfermeros y técnicos es el B1 o elemental, mientras que el nivel establecido para auxiliares de enfermería y celadores es el A2 o básico, lo que representa rebajar en un nivel las exigencias que inicialmente tenía previsto fijar el Govern para todos los profesionales sanitarios.

La preceptiva titulación lingüística podrá conseguirse en todas esas categorías laborales en un plazo máximo de dos años una vez obtenida la plaza. Si transcurrido ese tiempo el profesional sanitario que superó las oposiciones no pudiera acreditar la titulación de catalán que le corresponde, no perderá su plaza, pero no podrá participar en procesos de movilidad ni acceder al complemento de carrera profesional.

Por lo que respecta a las condiciones fijadas por el Govern para los profesionales no sanitarios que deseen presentarse a las futuras oposiciones en el Servicio de Salud, son distintas a las establecidas para médicos y enfermeros. En ese sentido, los profesionales no sanitarios que quieran inscribirse en la próxima convocatoria deberán acreditar previamente la titulación lingüística exigida para cada rango laboral. Así, por ejemplo, un aspirante a ocupar una plaza de auxiliar administrativo deberá contar con el ya citado nivel B1 para tener derecho a poder presentarse a las futuras oposiciones, mientras que un candidato a administrativo deberá poseer el nivel B2 o intermedio.

Inicialmente, en agosto del pasado año, la Consejería de Salud había dictado una resolución oficial en la que dispensaba del conocimiento del catalán a médicos y enfermeros. Sin embargo, el rechazo de MÉS a esa resolución provocó que Armengol decidiera entonces dar marcha atrás y que ecosoberanistas y socialistas elaborasen un primer borrador de decreto en el que el catalán pasaba a ser una exigencia en la sanidad pública. La gran oposición sindical y social a ese primer borrador motivó que dicho texto fuera desestimado a principios de este año y que, como se ha señalado ya, finalmente se aprobase un texto más flexible a nivel de requisitos lingüísticos.

Aun así, la actual rebaja lingüística en la sanidad pública isleña es considerada insuficiente no sólo por parte de Mos Movem, sino también por parte del PP, Cs, Actúa Baleares, el Sindicato Médico de Baleares (Simebal), CSIF o Convivencia Balear, entre otras entidades. Por contra, asociaciones próximas al independentismo, como la Obra Cultural Balear o la Plataforma por la Lengua, han criticado a Armengol por haber descartado finalmente el primer borrador del decreto.

Con independencia del recurso presentado ante el TSJIB por Mos Movem, han sido presentados hasta ahora dos recursos más. Uno por parte de la Delegación del Gobierno, en la misma línea que el de Mos Movem, y otro por parte del sindicato nacionalista STEI-i , en una línea opuesta, pues dicho sindicato considera que la rebaja lingüística que se ha hecho en último término sería excesiva y no se ajustaría a lo establecido en la Ley de Función Pública.