El ruedo político enturbia el agua

El trasfondo de este conflicto entre tres autonomías tiene tintes políticos , por encima de los criterios técnicos en los que se escudan la mayoría de implicados. Y aunque el pulso es cíclico, y reaparece como las aguas vecinas del Guadiana, ahora lo ha espoleado el cambio de gobierno en Castilla-La Mancha, donde el nuevo presidente, el socialista Emiliano García-Page , agita a los pueblos ribereños de la cabecera del Tajo y ha llegado a cuestionar que se construyera incluso esta canalización del Tajo al Segura, ya que en su opinión «ni en los mejores ciclos», o sea, con abundancia de recursos hídricos, se debió acometer esta obra en funcionamiento desde 1979.

El próximo martes, su equipo de gobierno tendrá a punto el recurso que va a elevar a la Audiencia Nacional con el argumento de que los dos pantanos de los que se nutre el trasvase ( Entrepeñas y Buendía ) están por debajo de los 400 hectómetros cúbicos de reserva mínima. No obstante, ignora o no quiere respetar el memorando aprobado con el consenso de cinco regiones por el que se fijaba ese caudal intocable, pero de forma progresiva, desde los 240 hectómetros que han regido hasta 2013, a razón de 60 en ejercicios progresivos y 400 en 2018, no en la actualidad, cuando se aplican 304.

De hecho, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente puso en evidencia el error intencionado o no de los dirigentes manchegos al aprobar el antes citado trasvase de 15 hectómetros tras constatar que los pantanos disponían de 400 a fecha 1 de agosto. O sea, ni siquiera con las exigencias de la reserva mínima de dentro de tres años se puede impedir el envío de agua al Segura.

El consejo de ministros también aprobó ayer el recurso a los denominados pozos de sequía dentro de una batería de nuevas medidas para aumentar los caudales con los que satisfacer las demandas más apremiantes en el ámbito de la Cuenda Hidrográfica del Segura ( CHS ). Con una inversión que ronda los tres millones, se adoptan en el marco del decreto de sequía aprobado el pasado 8 de mayo , que globalmente ha reportado obras por un valor de 32 millones de euros.

El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Levante ( Coial ) difundió esta semana un informe del posible impacto para la zona del Segura del fin de los trasvases, en el que estimaba en 43.000 los empleos destruidos , la pérdida de 1,5 millones de toneladas de alimentos y 650 millones de euros en producción. Además, «aumentaría el riesgo de desertización de la zona» y no afectaría solo a la industria agroalimentaria, sino que, según su presidente, José Manuel Carrillo , también podría acarrear problemas para el abastecimiento de agua de la población, lo que, indirectamente, perjudicaría el turismo de la zona. En definitiva, sin el trasvase Tajo-Segura, «sería inviable que esta zona pudiera subsistir, porque no hay un recurso alternativo».

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha la respuesta desde el punto de vista jurídico fue ayer contundente. La consejera de Fomento, Elena de la Cruz , anunció desde Guadalajara que el gobierno socialista que preside Emiliano García-Page estudia presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Montes en la que se aprobaba también parte de las premisas para trasvasar agua del Tajo al Segura. Pero al mismo tiempo se tramitan otros recursos contra los dos últimos trasvases.

Así, el Consejo de Gobierno regional del próximo martes aprobará la presentación ante la Audiencia Nacional del recurso contra el trasvase de 20 hectómetros cúbicos aprobado el pasado 28 de julio. Paralelamente, la Junta trabajará en el que se presentará contra el aprobado ayer.

La consejera de Fomento De la Cruz señaló que el Gobierno regional está dispuesto a dialogar con el Gobierno de España para estudiar « alternativas viables » al trasvase «porque de esta manera no va a haber agua ni para Castilla-La Mancha ni para la cuenca del Segura», pero mientras tanto está resuelto a luchar en los tribunales contra las derivaciones que se producen en las condiciones actuales de los pantanos de cabecera.

«El Gobierno de Rajoy vuelve a actual con secretismo y de tapadillo, continuando con el expolio de los embalses de la cabecera del Tajo», afirmó De la Cruz.