Los vuelcos en Castilla-La Mancha y en la Comunidad Valenciana dejan en el aire el Tajo-Segura

La idea de finiquitar el Tajo-Segura ya obsesionaba al último presidente socialista de Castilla-La Mancha antes de la victoria del PP en 2011, José María Barreda –sucesor de José Bono, quien en cambio nunca puso en duda la transferencia–, y ha protagonizado buena parte de la campaña del aún alcalde de Toledo en las autonómicas. De hecho, el socialista acusó en diversas ocasiones a Cospedal de comprometer el futuro de la región por firmar el memorándum del Tajo-Segura –que garantizaba su continuidad–, asociado sin embargo a un incremento de la reserva mínima por debajo de la cual no se pueden aprobar trasvases.

El candidato socialista ya dejó claras sus intenciones pocos días después de las elecciones, cuando su partido instó a Cospedal, presidenta en funciones, a «defender por una vez los intereses de Castilla-La Mancha y recurrir el nuevo trasvase aprobado desde el Tajo hacia el Levante ». El PSOE castellano-manchego se refería a la transferencia de 20 hectómetros aprobada por el Consejo de Ministros para regadío y abastecimiento en la Comunidad Valenciana y Murcia.

Los embalses de Entrepeñas y Buendía –desde donde parte el trasvase– almacenan esta semana, según el Ministerio de Medio Ambiente, más de 540 hectómetros cúbicos (203 el primero y 339 el segundo). Es decir, 140 hectómetros por encima de la reserva mínima cuando entre en vigor la nueva ley del trasvase –tumbada en primera instancia en el Constitucional a recurso de Aragón–. La cuenca del Tajo tiene almacenados 7.333 hectómetros , diez veces más que el Segura (694), destinataria del trasvase.

Frente a las pretensiones de García-Page de terminar con la transferencia, el probable nuevo Consell de izquierdas que tomará las riendas de la Comunidad en las próximas semanas, formado por PSPV y Compromís –con el apoyo externo de Podemos, que pretende «tutelar» al nuevo Ejecutivo pese a ser la fuerza menos votada de las que entraron en las Cortes –, no tiene la defensa de la transferencia entre sus prioridades de gobierno.

De hecho, el PSPV ni siquiera se refería al Tajo-Segura en su programa , y sus propuestas para la política hídrica se limitan a la «modernización de regadíos» y a reducir la demanda, en lugar de incrementar la oferta de caudales. En cuanto a la coalición nacionalista, su programa se limitaba a « promover buenas prácticas y el uso de tecnologías limpias y ahorradoras de agua en los sectores económicos –industria, turismo, agricultura, etcétera–».

De hecho, el PSPV y Compromís evitaron defender en el Congreso de los Diputados las obras contra la sequía en el Júcar y el Segura. La Cámara Baja debatía la semana pasada la aprobación de varios decretos impulsados por el Consejo de Ministros, entre los que se incluía la aprobación de una inversión de 50 millones de euros en las cuencas del Júcar y el Segura para afrontar la sequía. Los diputados valencianos del PSOE –entre los que ya no se contaba Ximo Puig– eludieron apoyar expresamente dichas inversiones y se abstuvieron junto con el resto del grupo socialista. El único diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, hizo lo mismo. El decreto salió adelante con los votos del PP.

El trasvase Tajo-Segura cumple ahora 37 años desde su puesta en funcionamiento. En 2013, con motivo de su trigésimo quinto aniversario, la auditora PricewaterhouseCoopers (PwC) realizó un estudio sobre su impacto, en cuyas conclusiones destacaba que la transferencia mantiene anualmente más de 100.000 empleos solo en el sector agroalimentario .

El estudio detalla que, de esos más de 100.000 trabajos, 73.610 empleos son exclusivamente vinculados al sector agrícola , que aporta 1.286 millones de euros al PIB nacional. Sumado su impacto en el turismo, el trasvase permite aportar al PIB español un total de 2.364 millones de euros , según PwC.

El 36,5% de las exportaciones nacionales de productos hortofrutícolas (uno de los pilares que mantiene en números positivos la balanza comercial de la Comunidad junto a la planta de Ford en Almussafes y el turismo) provienen del área regada gracias al trasvase , según el informe. Cerca del 60% del agua que se recibe de la cuenca del Tajo es para la agricultura de regadío y el resto, descontadas las fugas, para el abastecimiento humano.