El agua enfrenta ya a los gobiernos de Castilla-La Mancha y Valencia

Aunque la mayor parte de los gobiernos autónomos apenas llevan 40 días trabajando , en el caso de estas dos comunidades ya ha dado tiempo a reabrir una de las heridas más profundas entre ellas, con declaraciones que han ido subiendo de tono: e n Castilla-La Mancha se quejan de que se permita «barra libre» con el agua, mientras en Valencia, y ante la tibieza de los dirigentes socialistas, son los populares los que piden reacciones drásticas para que no peligre la llegada del líquido elemento a zonas como Alicante, que soporta la peor sequía de los últimos 150 años.

Todo comenzó con el último trasvase autorizado por el Gobierno de la Nación, el pasado 31 de julio: 20 hectómetros cúbicos de agua desde los embalses de cabecera del Tajo hasta tierras de Levante . El ejecutivo regional castellano-manchego, dirigido por Emiliano García-Page (PSOE), comunicó inmediatamente su intención de recurrir la decisión, y lo hizo: creen que no se ajusta a la legalidad, ya que en algunas zonas se está por debajo de la reserva de agua trasvasable:en la cabecera de la cuenca hay municipios que se abastecen con cisternas. «La situación en la que van a quedar estos pantanos va a ser totalmente trágica», aseguró Elena de la Cruz, consejera de Fomento de Castilla-La Mancha.

En esta comunidad afirman, además, que no se les paga el agua que trasvasan : el jueves reclamaron una deuda de tres millones de euros por este concepto, correspondiente a los años 2009 a 2013. «Se están llevando el agua y ni siquiera se está pagando», protestaba De la Cruz.

Una ofensiva en toda regla que ha sorprendido en Valencia. Ante las fuertes declaraciones y la amenaza del recurso, primero se respondió con el silencio, ante el estupor de los populares. José Juan Zaplana, vicesecretario general del PP valenciano, exigió al presidente regional Ximo Puig que «pare los pies a su compañero de partido, García-Page». Los populares lo han pedido incluso en las Cortes Valencianas, mediante una proposición no de ley.

Ximo Puig, de momento, apela a la prudencia ; defiende que el trasvase se mantenga «en los términos en los que está» porque es «una cuestión legal, justa y que contribuye al crecimiento económico» de Valencia y de España.

Las llamadas a la prudencia y a la solidaridad entre regiones le parecen insuficientes al PP valenciano, donde insisten en la necesidad de parar la intención de García-Page de «bloquear» la llegada de agua a Levante. Un líquido elemento vital para la economía de la región: del trasvase, dicen, dependen 80.000 empleos en la provincia de Alicante, y 180.000 en todo el ámbito de influencia del mismo, y el 62 por ciento de la agricultura alicantina vive de los aportes procedentes del Tajo.

Los embalses del Tajo almacenan, según los últimos datos, diez veces más agua que los de la cuenca del Segura : 5.843 hectómetros cúbicos los primeros (el 53 por ciento de su capacidad) frente a 553 de los segundos (el 48,4 por ciento). Sin embargo, los embalses de Entrepeñas y Buendía tienen, respectivamente, 142 y 279 hectómetros cúbicos, un 17 por ciento de su capacidad.

Mientras, los gobernantes murcianos observan con preocupación el desencuentro. En esta comunidad, donde gobierna el popular Pedro Antonio Sánchez, también quieren «despolitizar» el agua, un elemento del que depende la prosperidad de los cultivos y, en buena medida, la economía murciana.

Desde este gobierno se pide que «el sentido común se aplique en la política del agua a nivel nacional» y que se tomen las medidas necesarias para que los cambios políticos no afecten a la continuidad del trasvase Tajo-Segura, que para ellos «es intocable».