Nuevo frente judicial por enchufismo para el exalcalde socialista de La Puebla del Río

A la espera de conocer la fecha para la celebración de la vista oral en un Juzgado de lo Penal de la capital, a los abogados de Álvarez se le acumula el trabajo. Además de esta causa por enchufismo, está investigado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Sanlúcar la Mayor por la contratación por parte de la Mancomunidad de un trabajador afín al PSOE para ejercer funciones para las que no tenía la formación necesaria.

Este «enchufado» llegó a alcanzar la consideración de funcionario público dentro de este organismo público y habría cobrado «indebidamente» unos 240.000 euros en los últimos diez años .

En este procedimiento, aún en fase de instrucción, también se encuentran el alcalde socialista de Villamanrique, José de la Rosa, y a Rafael Moreno Segura, exalcalde de Huévar del Aljarafe , como expresidentes de la Mancomunidad.

Los tres dirigentes locales socialistas forman parte también del grupo de investigados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sanlúcar por un presunto fraude en la venta de los camiones de basura antiguos a un desguace sin llevar a cabo el procedimiento administrativo obligatorio. Álvarez tiene causas pendientes en tres de los cinco juzgados de Sanlúcar. Los casos de enchufismos en la Mancomunidad que investiga el Juzgado 3 de Sanlúcar está a la espera de fecha para el juicio.

Aquí están procesados Julio Álvarez, como presidente de la Mancomunidad entre los años 2008 y 2010 , y Jorge Ribera, gerente de la entidad en el mismo periodo. Se enfrentan a una petición de 23 años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación por varias contrataciones irregulares.

Todo comenzó con la denuncia de un trabajador por una convocatoria «fantasma» de empleo de la Mancomunidad, que presta labores de recogida de residuos sólidos en 27 municipios. En junio de 2018 la Mancomunidad contrató a una persona como ingeniero técnico agrícola por «orden de Presidencia y Gerencia y sin que se siguiera el proceso selectivo establecido al efecto para cubrir dicho puesto». Esta contratación contaba con el informe desfavorable de la intervención.

En el mes de agosto de ese año se repitió la misma escena. Entonces el puesto a cubrir era el de peón de recogida. Se fichó a una persona que no estaba incluida en ninguna bolsa de trabajo temporal de la Mancomunidad.

Según señala la Fiscalía en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso este periódico, la contratación de este peón fue por orden el presidente y del gerente , sin proceso selectivo y con el informe desfavorable de la intervención.

La misma operación de «enchufismo» , según la Fiscalía, se llevó a cabo en noviembre de 2010. Entonces se contrató a otro peón de recogida y de nuevo por orden de Álvarez y Ribera y con el informe contrario de la intervención.

Según recuerda el Ministerio Público en su escrito, la Mancomunidad del Guadalquivir, en base a la Ley reguladora de las Base del Régimen Local , goza de entidad local por lo que en la selección de todo el personal se ha de regir de conformidad con dicha Ley. Esto es, debe existir oferta de empleo público, mediante convocatoria y a través de concurso, oposición o concurso-oposición libre, procesos en los que «se garantice los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y el de publicidad».

La relación de Julio Álvarez y la Justicia viene de lejos. El exalcalde socialista cuenta con dos condenas a sus espaldas . En 2011 fue condenado por gastar 6.098 euros en llamadas privadas a una mujer con el móvil del Ayuntamiento. El tribunal le impuso una pena de prisión de un año y medio y lo inhabilitó para ejercer un cargo público durante tres años como autor de un delito de malversación.

Él alegó que esas llamadas eran de trabajo como alcalde para «ayudar a una vecina» y aunque el TSJA le rebajó la pena a un año y medio de prisión, en la sentencia quedó reflejado que las llamadas eran de índole íntima y que además de a la citada mujer había llamado también a una línea erótica de forma recurrente.

El 10 de julio de 2017, cuando ya ocupaba la bancada de la oposición con su propio partido en La Puebla del Río, un juzgado de Alcalá de Guadaíra consideró a Álvarez culpable por un delito continuado de hurto . Esta vez la pena impuesta fue de ocho meses de prisión e inhabilitación.

La sentencia consideró probado que Álvarez, encargado en una planta de reciclaje de la empresa Banales I S.L., sustrajo, junto con otro empleado, 2.400 kilos de aluminio de latas, 1.000 kilos de botes de latas y 1.040 kilos de aluminio de latas para «venderlas y obtener un lucro ilícito».La empresa valoró el material sustraído en 3.031,20 euros. Se mostró conforme con la condena para evitar el juicio.