Camas aprueba una comisión de investigación sobre el «incidente» del vídeo con destrucción de documentos y el alcalde niega «corrupción»

El pleno, convocado de forma extraordinaria, giraba en torno a un único punto del orden del día, a propuesta del PP, que era la «constitución de una comisión informativa especial para la investigación sobre la supuesta destrucción de documentación municipal por parte de personal eventual del equipo de gobierno y personas externas al Ayuntamiento de Camas».

En la sesión plenaria, el alcalde exponía que en efecto, la frase pronunciada por una de las personas que acompañaba a la mencionada empleada municipal de carácter eventual, o sea personal de confianza del Gobierno local del PSOE, es «inaceptable», defendiendo la «contundente reacción» de cesar a la citada asesora del gabinete municipal y lamentando la expresión pronunciada por una de estas personas «sin relación» con el ejecutivo local y que estaban con ella en las dependencias municipales.

No obstante, el primer edil avisaba de que las alusiones a posible manipulación de documentación municipal sensible o «corrupción» suponen una «falta de respeto», porque la documentación destruida estaba conformada por «simples carpetas de apoyo para bodas civiles, ya digitalizadas y ya remitidas al juzgado de paz». Por eso, el alcalde de Camas defendía la «honestidad y gestión» de su gobierno local, ciñendo el cese de la asesora al hecho de permitir la entrada de personal no autorizado en el Consistorio.

La portavoz del PP, Manuela Reina, señalaba de su lado la «grave alarma social y política» suscitada a cuenta de la difusión de dicho vídeo, con personas ajenas al Ayuntamiento en el interior de dependencias de trabajo del mismo y «manipulando documentos internos» de la Administración local, una situación «de extrema gravedad» e «inconcebible» desde cualquier óptica ética y política.

Sobre todo, como remarcaba, cuando una de estas personas emitía la «inaceptable expresión» de que «no va a quedar nada, cuando entre el PP no se va a encontrar nada»; algo que refleja a su entender el posible «uso partidista y arbitrario de los recursos públicos», por parte del Gobierno local del PSOE. Por eso, reclamaba «una respuesta clara y depurar responsabilidades», con dicha comisión especial informativa.

El también edil del PP Juan Pablo Jaime Salvador agregaba que el hecho de que «personas vinculadas al PSOE graben un vídeo» en el interior del Ayuntamiento «mofándose» supone ya todo un «desprecio a la legalidad»; avisando de que aunque el PSOE intente «minimizar la situación», la misma refleja que los socialistas «campan a sus anchas» en el Ayuntamiento y no tienen un «control» del mismo.

Ignacio Muñiz, de Vox, alertaba de que la situación podría incluso suponer posibles delitos de prevaricación, usurpación o vulneración de la Ley de Protección de Datos; insistiendo en que en el vídeo figura «una trabajadora personal de confianza, nombrada por el alcalde».

Carmen Ramos, de Con Andalucía, apostaba por dilucidar las posibles «responsabilidades» del asunto, precisando que todos los grupos cuentan con llaves del Ayuntamiento y recordando al PP la renuncia el pasado mes de enero del que fuera edil de su grupo Manuel García, tras la denuncia de un robo de césped artificial en la Escuela Sociodeportiva de la localidad, sin que constase en el Ayuntamiento su implicación en el asunto.

Por el PSOE, Miguel Ángel Marín recordaba de su lado la condena allá en 2012 a 14 meses de cárcel al que fuera concejal del PP de Camas Antonio Enrique Fraile, por el intento de soborno a la concejala Carmen Lobo; acusando a los populares de protagonizar la «historia negra» de la localidad; toda vez que por aquellos hechos fueron también condenados a la misma pena el que fuera alcalde por IU Agustín Pavón, el exedil del PA José del Castillo y el empresario Eusebio Gaviño.

Marín ha defendido que la destrucción de la documentación de apoyo a bodas civiles «se hace habitualmente» porque es una «documentación auxiliar, no expedientes administrativos» como tal; alegando que la citada asesora realizó esa labor en el sitio del Ayuntamiento habilitado para ello, con la maquinaria dispuesta para esa labor y mediante el «sistema habitual».

En ese sentido, ha explicado que el cese de esta asesora deriva de que no tenía «autorizado el acceso con personas ajenas al Ayuntamiento para acompañarla en sus tareas», lamentando el contenido del vídeo porque «la broma no tiene ninguna gracia», pese a las «risas» mostradas en el mismo.

En cualquier caso, ha esgrimido un informe de la Secretaría General según el cual «no consta» la destrucción de expedientes administrativos «con ocasión del incidente» en cuestión, además de que los citados expedientes son digitalizados desde 2018.

Finalmente, y tras un receso de varios minutos, el pleno ha aprobado por unanimidad, o sea con el apoyo del PSOE, el PP, Con Andalucía y Vox, la propuesta de los populares de la conformación de la citada comisión especial informativa, si bien el alcalde aseguraba que el Gobierno local ya había proporcionado «todos los datos» del asunto durante el pleno, «con total transparencia».

Y en el último minuto, el primer edil proponía que dicha comisión especial quedase ceñida a una sola sesión, sin descartar una segunda; durante la misma mañana de este miércoles, para «resolver cuanto antes» el asunto, si bien tras las quejas del edil de Vox el primer edil accedía a celebrar la comisión de manera convencional, con la convocatoria de la misma con al menos dos días hábiles de antelación.