El concejal andalucista que denunció al alcalde, imputado por otro juez

Según la denuncia, en septiembre de 2010 el concejal Alberto Mercado, entones delegado de Cultura, Juventud y Deportes, puso en conocimiento del Consistorio la «supuesta necesidad de una externalización del gimnasio municipal» proponiendo para ello un procedimiento abierto de adjudicación. Sin embargo, siempre según la denuncia, el andalucista encomendó la elaboración de documentación, antes del inicio del expediente, a la consultora ATT, dirigida por otra exconcejal andalucista y que también había sido portavoz del PA en Tomares, Isabel Donado. Así a su compañera de filas le encargó «la documentación necesaria para la tramitación del expediente de gestión del gimnasio y de los pliegos y cláusulas administrativas y prescripciones técnicas sobre el procedimiento de licitación así como el estudio económico financiero para determinar la cuantía del canon a pagar por la explotación del gimnasio municipal.

Pero esa encomienda se hizo sin que, según el denunciante, existiera constancia documental de formalización del encargo a la citada consultora ni formalización de contrato administrativo. Y tampoco hay constancia presupuestaria sobre los pagos a la consultora por la redacción de esos pliegos.

El denunciante insiste en que el documento sobre prescripciones técnicas en el régimen de concesión de la gestión del gimnasio fue rubricado en octubre de 2010, un mes después de la fecha en la que aseguró haberlo enviado. Además en la denuncia, que remitió al juzgado documentación de cada trámite, se asegura que el canon fue fijado casi siete meses antes de la existencia del estudio de viabilidad económica y pese a que Mercado sostenía que dicho estudio era la base para determinar el citado canon.

«Todo lleva a la posibilidad de que los pliegos y el estudio de viabilidad hayan sido creados ad hoc con el fin de dar sustento a un canon que había sido fijado con mucha anterioridad sin soporte técnico o administrativo alguno», dice. E insiste en que Mercado «omitió de manera burda al Consistorio» las valoraciones que desaconsejaban que la propuesta ( finalmente rechazada por el equipo de Gobierno) fuera económicamente viable. El juez cree que los hechos «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal» por lo que cita a Mercado como imputado el día 12.