La Ley de agricultura de la Junta, un «embrollo burocrático»

En su informe presentado al Consejo Económico y Social, la patronal agraria destaca ciertos puntos que, a su juicio, deberían modificarse o, incluso, eliminarse. Uno de ellos es la introducción de la figura de los contratos territoriales, cuya implantación supondría «mayor complejidad burocrática» en unos momentos en los que «la simplificación sigue siendo un objetivo a alcanzar en la gestión de la PAC». Esta figura está destinada, en teoría, a promover el desarrollo sostenible del medio rural, para lo cual, se busca concretar el potencial de una explotación para proveer ciertas funciones sociales y ambientales. A cambio de estas externalidades positivas, la explotación agropecuaria es compensada. Vicente Pérez recuerda los contratos territoriales ya se introdujeron en Francia, donde han sido «un fracaso y se ha tenido que dar marcha atrás». «Nadie hasta ahora ha explicado su utilidad real de la figura, más allá de mensajes vacíos y faltos de pragmatismo».

Otro de los artículos que critica Asaja es el referido a las zonas de especial protección agraria, que consideran «gravísimo». «Se pretende prohibir los aprovechamientos agrarios, algo a lo que nos oponemos totalmente , la Junta de Andalucía no puede prohibir cultivos y limitar la capacidad productiva de los agricultores», reprocha Vicente Pérez. Asaja también muestra su preocupación por que dicho artículo «recuerda a la Ley de Reforma Agraria». «Entendemos que este proceder es cosa del pasado y que tiene que reorientarse el artículo a otras medidas contra la infrautilización que no conlleven expropiación», solicitan.

El concepto de infrautilización del suelo también aparece en el apartado de sanciones, otro de los más cuestionados por Asaja. «Es un concepto arbitrario y sin seguridad jurídica», ¿quién juzga lo que es un suelo infrautilizado?», se pregunta Pérez. Otro tipo de sanciones, como las de «buenas prácticas» llevan asimismo a confusión, ya que ya están reflejadas en la PAC. «No se puede sancionar doblemente, es insostenible jurídicamente».

Desde Asaja Andalucía ponen el punto de mira en la estructura administrativa recogida en el anteproyecto de la Ley de Agricultura que, a juicio de la patronal agraria, es «excesiva». En concreto, el texto prevé la creación o consolidación de los siguientes organismos. Consejo Asesor Agrario de Andalucía y sus ocho homólogos provinciales, Consejo Agroalimentario Andaluz, Comisión para la Internacionalización del Sector Agroalimentario, Observatorio Andaluz de Precios de la Cadena Alimentaria, Foro Andaluz de la Cadena Alimentaria y Foro Andaluz de la Innovación Agroalimentaria. «En el sector no existía demanda para que se impulsase esta ley y, mucho menos, para algunos de estos organismos», zanja Vicente Pérez.

La entidad propone modificar el artículo referido a las Organizaciones Profesionales Agrarias, OPAs , que deben estar constituidas en conformidad con la Ley 19/1977 de Libertad Sindical y esto tiene que estar especificado en la Ley de Agricultura, dejando la puerta cerrada a otro tipo de organizaciones. Así, piden que las OPAs sean, junto con los sindicatos y las organizaciones empresariales, los únicos representantes legítimos para la interlocución en la política agraria. «Otro tipo de organizaciones podrán ser consultadas pero nunca con rango de interlocución », detalla Asaja, que solicita que las OPAs sean las entidades reconocidas básicas por la Junta para la tramitación de ayudas.