La Guardia Civil registra la sede de Abengoa para investigar la presunta falsedad de las cuentas de 2014-2016

Fuentes consultadas por ABC han declarado a ABC que el registro se enmarca dentro de las diligencias ordenadas por la querella que presentó la Plataforma de Perjudicados por Abengoa -representada por el bufete Ius+Aequitas- contra el expresidente de la compañía Felipe Benjumea, por falsedad documental y contra Manuel Sánchez Ortega, otrora CEO de la multinacional. Esa querella fue presentada en 2015 y en un primer momento fue inadmitida por el Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia. En 2017, la Audiencia Nacional resolvió un recurso de apelación de los accionistas para que se admitiera y se practicaran diligencias.

Fuentes jurídicas indican que la falsedad documental se circunscribe al período entre 2012 y 2016, y la querella fue ampliada en 2020 al socio auditor de Deloitte Manuel Arranz por falsedad contable y estafa a los inversores, ya que Abengoa es una empresa cotizada, aunque precisamente su cotización fue suspendida el verano de 2020 por no presentar las cuentas de 2019 y estar en causa de disolución. La ampliación de la demanda se produjo a raíz de que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) impusiera una sanción a Deloitte de 1,48 millones de euros y de 8.700 euros al socio encargado, Manuel Arranz, por haber cometido dos infracciones graves en el «incumplimiento de las normas de auditoría, que pudo tener un impacto en la elaboración del informe de la compañía».

A Abengoa se le responsabiliza de un delito por estafa a los inversores de esta empresa cotizada. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno apreció indicios de grave alteración y presunta falsedad de la realidad económica financiera y patrimonial, que se ocultó a las miles de personas que se convirtieron en accionistas al invertir en ella. En cuestión están las cuentas de Abengoa y de su filiales Abengoa Solar y Abengoa Bioenergía (vendida en 2017 al fondo de capital riesgo Trilantic Europe por 140 millones de euros), ya que, según la Fiscalía, presuntamente ocultaban sustanciales pérdidas de sus activos e incluían en sus contabilidades certificaciones de obras que no estaban acreditadas.

Las pesquisas están declaradas secretas y van trascendiendo datos a cuentagotas. Los agentes de la UCO han entrado a primera hora en el complejo de oficinas en busca de documentación y de material informático donde pudiera guardarse información importante. En concreto, los funcionarios policiales están interesados en los sistemas de facturación interna de la compañía.

Ha sido poco antes de la nueve de la mañana cuando han entrado los agentes de la UCO en la sede central de Abengoa y han cogido a los trabajadores en sus respectivos puestos. Por redes sociales ya se han filtrado alguna fotografía de los agentes en el interior de las oficinas, hablando con los empleados, a los que se les ha ordenado que paren la actividad y se identifiquen.

La actuación de la Guardia Civil se produce para hacer cumplimiento de u na diligencia ordenada por el juzgado central de instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional y no por instancia de la UCO, que lleva incorporada a la causa «desde hace tiempo».

Aunque la causa origen de estas actuaciones es antigua , del año 2016 y en la que se investigan delitos societarios contra el mercado y los consumidores. Sin embargo, el juez instructor Ismael Moreno ha abierto una pieza separada, declarada secreta , en la que indaga si se falsearon las cuentas para dar una apariencia irreal de solvencia ante los inversores. En concreto, el juez ha encontrado datos que apuntan de manera indiciaria a que se habría ocultado de manera sistemática «sustanciales pérdidas» de activos de la multinacional. También, a partir de un informe pericial aportado por los querellantes, se señalan otras posibles operaciones de maquillaje contable como «el afloramiento de activos inexistentes». Por ese conjunto de indicios, el juez quiere analizar el sistema de facturación de la empresa y ha pedido a la Guardia Civil que proceda a intervenir toda la documentación que sea de interés.

Por otra parte, la Plataforma de Afectados de Abengoa también interpuso una querella por la parte del proyecto del AVE Meca-Medina que ejecutó Abengoa . Primero entendió de la querella el juzgado de instrucción número 3 de Sevilla, que lo envió a la Audiencia Nacional por considerar que excedía de sus competencias. Finalmente, la Audiencia Nacional terminó remitiendo la querella al juzgado sevillano, que investiga si se manipularon contablemente la ejecución de los dos contratos que logró en el AVE Meca-Medina de Arabia Saudí.