La Junta no sabía al inicio de la pandemia todas las residencias que había en Sevilla

Así lo expone el fiscal Norberto Sotomayor, al frente de la sección especializada en la protección de personas mayores y personas con discapacidad de la Fiscalía Provincial de Sevilla , en un decreto en el que recoge la agónica situación que padecieron los más de ocho mil residentes que viven en los 172 centros de personas mayores hay en la provincia durante marzo, abril, mayo, junio y julio, cuando el panorama comenzó a mejorar.

Los datos fueron demoledores. Murieron 151 ancianos , de los que 96 fueron mujeres. El mes más trágico fue abril con 103 fallecimientos. El 23 de abril se alcanzó el pico máximo de infectados con 341 positivos entre la población residente. Un día antes había 347 trabajadores confirmados como casos de coronavirus de entre los más cinco mil profesionales que trabajan en las residencias.

En los 41 centros para personas con discapacidad que hay en Sevilla, donde hay 943 residentes y 944 trabajadores, la situación no fue tan dramática durante la pasada primavera. No se registraron muertes pero el número máximo de positivos fue de 98 entre los residentes el 22 de abril y de 45, el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, entre los profesionales sociosanitarios.

Pero, ¿ qué pasó para que se alcanzaran estas cifras ? Buscar una respuesta o explicación ha sido el trabajo del fiscal Norberto Sotomayor , quien desde el principio se puso a disposición de los gestores y trabajadores de estos centros para conocer la realidad diaria de los mismos, sus carencias y sus problemas. Este periódico se ha puesto en contacto una vez al mes con Norberto Sotomayor para conocer la situación de las residencias y muchos de los aspectos que éste ha ido relatando desde marzo ahora se recoge en un informe concluyente, donde la principal conclusión es que en la gestión no hay ilícito penal, no hay delitos .

En la primera ola, el fiscal abrió 17 diligencias informativas : una general y una por cada residencia en la que se habían registrado fallecimientos. La número 17 era una específica sobre las residencias de personas con discapacidad. Las pieza se cerraron en agosto tras semanas sin cambios en los datos. La misma estructura piezas separadas se mantiene en esta segunda oleada, donde el panorama en estos centros vuelve a ser un drama. Actualmente hay doce residencias con fallecimientos registrados y sólo una repite con respecto a la primavera.

Las residencias más afectadas en la primera oleada fueron Joaquín Rosillo, en San Juan de Aznalfarache; DomusVi en Santa Justa y Fundomar Los Bermejales, en la capital. También en Lebrija o Arahal. De las 172 residencias de mayores que hay en Sevilla, sólo diez son públicas, algo que llama la atención del fiscal por la desproporción numérica.

Y profundizando en las carencias detectadas, Sotomayor señala en su decreto, fechado el 27 de octubre, que desde un primer momento se apreció falta de coordinación entre las distintas delegaciones territoriales implicadas, Salud e Igualdad, con sus respectivas direcciones generales.

Y al hilo de esto subraya como grave «la falta de un conocimiento completo de las residencias de Sevilla y provincia por parte de la administración». Frente a este problema, la Fiscalía trató de conseguir un listado completo, con remisiones por la administración de una delegación a otra. «Una vez obtenido este listado, el mismo era incompleto» porque no estaban todas las residencias, algunas ya estaban clausuradas , otras de nueva apertura no aparecían y en otras los datos aportados de email, teléfono o dirección no se encontraba actualizado.

Así, la Fiscalía inició una labor de investigación para identificar todas las residencias, incluso con el eficaz apoyo de Policía Local , haciendo mención especial a la de Marchena.

También se detectó falta de coincidencia entre las informaciones facilitadas a la Fiscalía por las delegaciones de Salud e Igualdad y por las residencias. Los datos no se correspondían . Todo ello provocó que desde el Ministerio Público se reclamase los datos del coronavirus directamente a todas las residencias de Sevilla y provincia.

Al no haber un listado real de las residencias, no existía tampoco u n sistema de comunicación inmediata con ellas a través de la Junta de Andalucía, ni un grupo de correos electrónicos . Eso sí, y así lo resalta el fiscal, con el tiempo la información de la Delegación de Salud, que fue a la que se atribuyó la remisión de datos, fue cada vez más precisa.

El fiscal, como ya hiciera en declaraciones anteriores a ABC, insiste en que no hay ilícito penal en la actuación de los responsables de las residencias, quienes reaccionaron cuando fueron requeridos para ello, cerrando a familiares y terceros las residencias y adoptando, dentro de la medida de sus recursos, las actuaciones necesarias.

Las residencias, hay que recordar, «no son centros sanitarios», sino centros residenciales donde los mayores y/o personas con discapacidad hacen vida residencial. Por tanto, « no se puede les exigir un nivel de responsabilidad sanitaria igual que a un centro hospitalario ».

Sin embargo, otra cuestión es la necesidad de repensar y ajustar las plantillas a las necesidades sociosanitarias de los residentes. La falta de material adecuado en caso alguno puede ser atribuible a las residencias. Tampoco una respuesta tardía puede serle achacable . Es notorio la escasez de material a nivel nacional y que ésta no puede ser achacable a las residencias.

No obstante, la Fiscalía hace hincapié en que han concurrido incumplimientos por parte de alguna residencia , que fueron corregidos.

Además de las carencias el informe del fiscal aborda la respuesta dada a la pandemia durante los primeros meses. Insiste en la falta de comunicación entre Junta y residencias . Así, se alcanza un resultado «llamativo» cuando se intenta sabe qué órdenes, comunicaciones o directrices se dieron a las 16 residencias con fallecimientos.

« La mayoría no recibió comunicación alguna hasta el mismo día de la declaración del estado de alarma , el 14 de marzo, incluso con posterioridad. La mayor parte actuó por propia iniciativa, algunas incluso cerraron sus puertas a familiares y terceros antes del estado de alarma, ante el pánico generado por las noticias en medios de comunicación», explica el fiscal.

La iniciativa de la administración fue «nula o escasa» para mantener informadas a las residencias y facilitarles pautas de actuación. Además, es significativo «la falta de respuesta adecuada» que se ha obtenido de la propia administración sobre qué órdenes, requerimientos y comunicaciones se realizaron antes y durante la pandemia. La conclusión es clara: muchas residencias actuaron por propia iniciativa, sin comunicación directa con la administración.

Igual de «llamativo» resulta la falta de médicos en la red pública sanitaria en materia de mayores, por lo que considera urgente dotar al sistema de mayor número de médicos especialistas en dolencias propias de los mayores.

En cuanto al material adecuado disponible para protección de Covid-19 en las residencias, se indica que en las primeras semanas existió una situación de desabastecimiento absoluta , convirtiéndose la Fiscalía en un receptor de numerosas quejas de encargados de residencias, que en su mayoría fueron resueltas por la Junta de Andalucía.

En este sentido, la Fiscalía se puso en contacto para la elaboración de este informe con médicos que han estado al frente de las residencias afectadas por la enfermedad. Éstos coincidían en señalar varios aspectos como el enorme esfuerzo de sanitarios y trabajadores, la importancia decisiva que tuvo la tardanza en los test, la masificación de algún centro y la falta de materia l.

Sobre los test, el fiscal recuerda que no comenzaron a practicarse en las residencias hasta casi un mes después de la declaración del estado de alarma, lo que provocó una r espuesta ineficaz por los facultativos en las residencias, puesto que no conocían qué persona estaba infectada y la sectorización de los residentes no se pudo realizar eficazmente. Sólo pudieron separar a los que presentaban síntomas.

En las r esidencias de personas con discapacidad se llegaron practicar test en la segunda semana de junio, casi 3 meses después de la declaración del estado de alarma .

A pesar de que los problemas fueron solucionándose con el paso de las semanas, como el propio Sotomayor ha explicado en reiteradas ocasiones a este periódico, en su informe recoge una serie de propuestas a tener en cuenta, comenzando por una mayor y más estrecha coordinación entre delegaciones propias de la Junta y de éstas con las residencias. « Es preciso delimitar las competencias dentro de las propias direcciones generales ».

En materia de control, supervisión y relación con residencias , tanto en materia social como sanitaria, es aconsejable «una autoridad única».

Pide un canal de comunicación con todas las residencias de manera ágil y eficaz , actualizar los listados de residencias, con todos los datos de contacto. Y reclama que, en caso de urgencia sanitaria o de cualquier tipo, las residencias no actúen por propia iniciativa, sin orden ni criterios claros a los que atender, algunas según la alarma que le provocaban las noticias en medios de comunicación.

Como la coordinación con áreas sanitarias no ha sido satisfactoria en la primera fase de la pandemia, es preciso que exista una asignación directa, con coordinación con las distintas áreas de salud y hospitalarias, así como una comunicación fluida entre centros sanitarios y hospitalarios con las residencias . Así se evitaría situaciones surrealistas de que las centros se enteren de positivos por familiares y no por los hospitales.

Pide un depósito mínimo de material de protección para estos centros que garanticen abastecimiento para varias semanas y más personal con formación sanitaria en los mismos.

Considera necesario que las residencias cuenten con zona de aislamiento en la que permitir sectorizaciones de residentes y un sistema de comunicación con familiares que permita a éstos ver a sus residentes, ya sea vídeollamadas o cualquier otro sistema.

Y hace una última advertencia: dentro de los planes de actuación de Salud, las personas mayores y con discapacidad, dada su vulnerabilidad, «deben ser una prioridad , al igual que el personal esencial como son los sanitarios».