La fiscal mantiene su acusación contra los ocupas de la Corrala para evitar un «efecto llamada»

Los dos acusados, que han sido enjuiciados por separado en el Juzgado de lo Penal número 7, han recibido el apoyo de varias decenas de personas que se han concentrado frente al edificio Noga portando carteles con leyendas como 'Luchar por el derecho a la vivienda no es delito. Absolución', o 'No Ley Mordaza. Contra la Ley de Seguridad Ciudadana. No Silenciarán nuestra protesta'.

Entre las personas que han asistido a la concentración se encontraban el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo , que ha querido trasladar el «apoyo» y la «solidaridad» de su partido a los miembros de la Corrala Utopía enjuiciados, la exconsejera de Fomento y Vivienda Elena Cortés , la exdirectora general de Vivienda de la Junta Amanda Meyer -ambas también de IU-, o el portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero .

El primero de los dos imputados en ser enjuiciados ha sido Jesús Antonio Aguilar, quien se ha declarado inocente y que ha explicado que «ocupó» una de las viviendas el 1 de septiembre de 2013 sin tener autorización del propietario de la misma, todo ello hasta que el 6 de marzo de 2014 la Policía Nacional procedió al desalojo del inmueble, momento en el que imputado, que se encontraba allí junto a su mujer enferma, abandonó la vivienda de forma voluntaria.

Este imputado ha indicado que con anterioridad a la ocupación se encontraba trabajando como vigilante de seguridad para una empresa que terminó cerrando, momento en que su situación personal y familiar comenzó a empeorar, pues «no encontraba trabajo por ningún sitio» y llegó a perder su vivienda, por lo que «tuvo que decidir entre pagar el alquiler o comer». «Opté por comer», ha aseverado el acusado, que ha afirmado que, además, «no podía tener a mi mujer enferma en la calle».

A todo ello se suma que los servicios sociales y el Ayuntamiento hispalense «no me ayudaban», por lo que acudió a informarse a la Corrala, tras lo que, «como era la única solución que me quedaba», ocupó el inmueble, que no tenía ni luz ni agua , a pesar de que «sabía que algún problema me podía traer». «Si el Ayuntamiento me hubiera ayudado, no hubiera ocupado la vivienda», ha declarado a preguntas de su defensa.

Asimismo, el imputado ha puesto de manifiesto que, si hubiera tenido trabajo y un sueldo, «habría vivido en una vivienda pagando el alquiler, luz y agua», añadiendo que el propietario del edificio « nunca me dijo que no pudiera estar allí ».

En la vista oral han declarado también uno de los policías nacionales que participó en el operativo del desalojo; el adjunto al Defensor del Pueblo Andaluz, Luis Pizarro, y el que fuera subdirector de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta Rafael Ibáñez, que ha aseverado que el imputado se encontraba «en una situación extrema» y además «no tuvo conocimiento» de que la propietaria se opusiera a que estuviera en la vivienda, todo ello dentro de un edificio que «estaba deshabitado» desde hacía «bastante tiempo».

Tras ello, la Fiscalía ha elevado a definitiva su petición de 720 euros de multa para el acusado -contra quien la propietaria del inmueble, Ibercaja, retiró su acusación-, ya que los propietarios del edificio manifestaron su voluntad «de estar en contra de esa ocupación» y «de estar de acuerdo con el desalojo», mientras que el imputado «ha reconocido que entró en el inmueble plenamente sabedor de que estaba ocupando un edificio con cierta vocación de permanencia».

De igual modo, y según la representante del Ministerio Público, el acusado «sabía de la irregularidad e ilegalidad de su situación» y «tenía conocimiento de que no tenía autorización del titular», de manera que «no tenía ningún título jurídico que le amparara para estar en ese edificio».

La fiscal ha apelado, así, al derecho a la propiedad privada y ha aseverado que este tipo de ocupaciones «no pueden ser amparadas legalmente», porque de lo contrario se podría generar «un efecto llamada» y «un desorden incontrolable».

De su lado, la abogada del imputado ha puesto de manifiesto que la acusación de la Fiscalía «no se sostiene de ninguna manera» y ha señalado que la propietaria del edificio, «en ningún momento se ha dirigido a él para manifestarle que no podía ocupar esa vivienda», todo ello al tiempo que ha recordado las circunstancias personales y familiares de su patrocinado y el «estado de necesidad» que tenía.

En el segundo de los juicios, el Ministerio Público ha mantenido su petición de 720 euros de multa para el otro imputado, Maximiliano Salazar, quien, en declaraciones a los periodistas antes de la vista oral, ha dicho que no ha vivido en el edificio y que únicamente iba allí para visitar al hijo menor que tenía en común con su exmujer, que sí se encontraban en el edificio.

« En ningún momento la Policía me ha identificado , cuando de repente aparecí de imputado», no obstante lo cual «esto no quita que yo apoye y respalde a todas las personas de la Corrala, porque con la madre de mi hija tuve una hipoteca que no pudimos pagar y eso es lo que ha llevado a esta situación». «Ahora mismo no podría hacer frente a la multa que me impongan porque no tengo trabajo estable», ha concluido.