Los activistas de la Corrala Utopía se enfrentan a penas testimoniales

Maximiliano y Jesús son los primeros que se enfrentarán a un juicio en el que la Fiscalía pedirá una multa de 720 euros para cada uno. A preguntas de este medio en la rueda de prensa celebrada esta mañana, la letrada Ana Isabel Segado reconoce que es muy probable que no haya consecuencias legales , ya que el fiscal no solicita ninguna pena alternativa en caso de impago de esa sanción económica. Además la figura de la insolvencia será una baza de la defensa en caso de condena.

Pero la interpretación política del caso es el ‘leit motiv’ del argumentario de este colectivo. «Lo importante no es la pena y si estas personas podrán hacer frente a la multa. Aquí lo que se está ventilando es que se está juzgando como delito la defensa de un derecho fundamental como es el de la vivienda».

La Fiscalía se ha quedado sola en la acusación contra los integrantes de la Corrala tras retirarse la entidad bancaria propietaria de la promoción de viviendas ocupada. Eso la ha convertido en la diana de las críticas de los okupas, que la tachan de ejercer una «política criminal que busca perseguir la protesta».

Para cada uno de los acusados, el equipo de letrados de la Corrala ha preparado dos estrategias de defensa diferentes . En el caso de Max, sostienen que no hay pruebas de que participara en la ocupación de las viviendas de Ibercaja ubicadas en la avenida de las Juventudes Musicales en el año 2012. «Era su exmujer y el hijo que tienen en común quienes vivían allí. Lo habrán imputado por hacer fotos o apoyar a la causa», decía Segado.

Jesús, un vigilante de seguridad privada en paro, sí reconoce que ocupó una vivienda tras ofrecérsela la Corrala. Apela a la enfermedad que sufre su esposa y su precaria situación económica para justificar por qué hizo lo que hizo. Hoy se encuentra realojado como la familia del otro imputado y afirma que está recibiendo ayudas económicas que antes le denegaban.

El realojo en base a la especial vulnerabilidad social de las dos familias , reconocido por la Junta, será la otra línea de defensa que desplegará el equipo jurídico de la Corrala para obtener la absolución. Si bien, la medida acordada por la Administración regional es provisional y el futuro de estas familias depende de una nueva legislatura en la que el PSOE gobierna sin el apoyo de IU, valeedor de este colectivo.