Derechos de la infancia en la era digital

En este sentido se ha posicionado el Comité de Derechos del Niño, órgano del que dispone la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del niño para supervisar su cumplimiento y aplicación en todos los Estados que la han ratificado, en su Observación General nº XXV relativa a los derechos de los niños en relación con el entorno digital. Entre sus aspectos clave incluye medidas de prevención y educación y mecanismos legislativos de protección a la infancia. Además, contempla cuestiones fundamentales como la necesidad de escuchar a los niños y niñas cuando se encuentran ante un problema en Internet o en las redes sociales; asegurar que existan mecanismos de regulación y control frente a la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes; y garantizar que se les informa adecuadamente acerca de las medidas que existen para garantizar sus derechos en el entorno digital. La Observación también señala el rol de la sociedad civil, las familias, las y los cuidadores y profesionales que trabajan para y con la infancia, en la consecución de este objetivo haciendo mención especial al importante papel que deben jugar las empresas.

En un estudio de Unicef España realizado en 2021 con una muestra de 50.000 niños y niñas de entre 11 y 17 años, representativa de la población en todas las Comunidades autónomas, titulado 'Impacto de la tecnología en la adolescencia. Relaciones, riesgos y oportunidades. Un estudio comprensivo e inclusivo hacia el uso saludable de las TRIC', encontramos datos que nos deberían hacer reflexionar seriamente sobre el tema, tanto desde el punto de vista personal y profesional como desde el de ciudadanos responsables y comprometidos con una sociedad más justa, equitativa e inclusiva para todos. En este sentido podemos constatar que el uso temprano, intensivo y sin supervisión de tecnologías digitales afecta negativamente a su salud mental, a la exposición a riesgos de difícil manejo por su parte y a una interpretación distorsionada del mundo y su relación con él.

Entre los datos más relevantes de este estudio se encuentra que la edad media a la que los niños y niñas españoles acceden a su primer dispositivo móvil de uso personal se sitúa entorno a los 11 años. El 90,8% de las y los adolescentes se conectan todos o casi todos los días y el 98% está registrado en alguna red social. El uso masivo y globalizado de la red implica una serie de riesgos que se visibilizan en cifras preocupantes de 'sexting', contacto con desconocidos, ciberacoso escolar y posibles casos de 'grooming'. El uso de videojuegos es uno de los principales espacios de ocio para las nuevas generaciones, lo que puede tener importantes implicaciones sobre su salud mental y sus relaciones sociales. Hechos a los que además habría que añadir que muchos de los videojuegos que usan los adolescentes de manera abusiva poseen un contenido poco recomendable para su edad. Aunque en España las cifras son reducidas, hay miles de adolescentes que realizan apuestas 'online', lo que multiplica el riesgo de desarrollar a medio o largo plazo una ludopatía. En contraposición a estos alarmantes datos llama la atención el escaso nivel de supervisión que parecen estar ejerciendo los adultos responsables de estos menores, no siempre del todo conscientes de su importante papel como modelos de comportamiento en el uso adecuado de las pantallas.

Ante esta preocupante situación, Unicef España, junto a otras cinco entidades de la sociedad civil, y con el apoyo institucional de la Agencia Española de Protección de Datos y de la Fiscalía General han consensuado una iniciativa, presentada el pasado febrero en el Congreso, para alcanzar un pacto de Estado para la protección de la infancia en entornos digitales. La iniciativa se basa en una serie de principios que se resumen básicamente en los que se detallan a continuación: reconocer la existencia del problema; adoptar medidas de atención y orientación; educar en ciudadanía digital responsable; limitar el acceso a contenidos inadecuados; diseñar productos y servicios digitales teniendo en cuenta la edad; utilizar algoritmos que respeten los derechos de los niños, niñas y adolescentes; señalar la responsabilidad de todos los agentes implicados, incluida la industria; y establecer un marco legal de rendición de cuentas para los responsables de las plataformas y las redes sociales. Tras la presentación de la iniciativa en el Congreso, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 nombró, el pasado febrero, un Comité de Personas Expertas para la creación de entornos digitales seguros para la infancia y la juventud que está elaborando un Informe en el que se recogerán las principales conclusiones de este grupo de trabajo.

La elaboración de este informe y de las medidas concretas que de él se deriven es un buen ejemplo de cómo la sociedad en su conjunto puede y debe actuar en la protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el ámbito digital. En todo este proceso las familias tienen un papel fundamental pues son ellas, recibiendo la adecuada orientación y disponiendo de las ayudas necesarias, quienes han de ejercer una tarea educativa y de acompañamiento insoslayable en la era digital. Si los niños, niñas y adolescentes están convenientemente informados y cuentan con el criterio necesario para actuar tendrán mayores probabilidades de comprender los riegos, informar sobre situaciones de abuso y buscar ayuda cuando la necesiten. Al mismo tiempo es necesario que la industria digital demuestre su liderazgo evaluando el impacto de sus productos y servicios en las vidas de los más jóvenes y tome las medidas necesarias para hacer del digital un entorno protector para la infancia.