Incentivos perversos
La vivienda y la corrupción emergen como los principales problemas de los españoles
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La vivienda y la corrupción emergen como los principales problemas de los españoles cuando se cumplen siete años de una moción de censura cuyo objetivo era «recuperar la dignidad de nuestra democracia». El drama del acceso a la vivienda se acentuará, pues la polarización —el ... tercer problema según los entrevistados por GAD3— impide a las diferentes administraciones tomar medidas correctoras de un mercado ineficiente. Un bien de primera necesidad para todos, que, a su vez, representa una inversión para muchos, requiere de actuaciones públicas permanentes. Ahora, todos los incentivos actúan a favor del incremento de precios y, por ende, en contra de garantizar un hogar a nuestros jóvenes.
Por cada euro público destinado a vivienda, dedicamos más de sesenta a pensiones e intereses de la deuda. A mayor abundamiento, la mayoría de las medidas en las dos últimas décadas no hacen sino cargar sobre la juventud un estado de bienestar que no les garantiza ni una sala de estar. El colmo son los 12.000 millones del nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional, sustraído de la nómina de los trabajadores. ¿Equidad intergeneracional? ¡Pero si la renta per cápita de los jubilados es superior a la de sus hijos trabajando! ¿Sorprende que seamos el segundo país del mundo con menor fecundidad?
Los incentivos son aún más perversos en el caso de la corrupción. No se trata de un problema nuevo; fue la principal causa de la pérdida de apoyo electoral del PP, del PSOE, de CiU y de tantos otros… Y nuevamente hay que recordar que lo que menos soporta el ciudadano no es que haya políticos que incumplan las leyes —al fin y al cabo, las hacen ellos—, sino que se sientan superiores: para aforarse, para atacar a la Guardia Civil, a los jueces, a los periodistas, para difundir bulos a conciencia…
La corrupción tampoco es una singularidad patria, pero que sean políticos los que midan la preocupación ciudadana por la corrupción política sí lo es. Un instituto dependiente del gobierno de turno que destina la mayor parte de sus energías a preguntar por voto es impensable en cualquier otra democracia, máxime cuando las entrevistas del CIS se subcontratan ahora a la empresa pública TRAGSA. En Europa han caído gobiernos al comprobarse que habían influido en los resultados de encuestas privadas. ¿Y aquí? Aquí hemos llegado al culmen de los incentivos perversos: son los propios socios del Gobierno de España los que llevan dos años impidiendo que este gobierne.