La nación anómica

La anomia institucional es hoy el gran problema de España. No porque falten leyes –al contrario, vivimos en un piélago ordenancista saturado de disposiciones burocráticas– sino porque la dirección del Estado ha decidido ignorarlas en una insólita deriva de insubordinación deliberada, bien mediante subterfugios torticeros, bien interpretando la Constitución de manera elástica como método para compensar su creciente precariedad parlamentaria. La doctrina sanchista de la resistencia ha conducido a un Gobierno bunkerizado, inoperante, sin margen de actuación pero expresamente resuelto a bloquear la alternancia con la complicidad de unos socios acostumbrados a sacar ventaja de un poder en situación desesperada. El resultado de esta conchabanza es una pendiente de autoritarismo sostenido gracias a la creación de una atmósfera política cismática donde la cohesión nacional se resquebraja y donde cualquier opinión crítica es considerada una amenaza.

De ahí que el poder judicial haya adquirido en el actual mandato un papel tan relevante. Para el Ejecutivo, porque es el último dique capaz de frenar sus continuas arbitrariedades; para la democracia, porque su integridad depende del funcionamiento independiente de los tribunales. Los escándalos de corrupción y los intentos de legislar a medida de la impunidad de los gobernantes han depositado sobre la magistratura la responsabilidad de un cometido tanto más indispensable cuanto más queda el resto de las instituciones sometido a una relación de vasallaje. En los procesos en curso, y en los que se perfilan a corto o medio plazo, reside la gran prueba de contraste de los mecanismos de control y contrapeso que definen la existencia de un régimen de libertades. Lo que está en juego no es, o no sólo, el futuro de Pedro Sánchez; se trata de la nación en sí misma, de sus valores medulares, de su esencia como fruto de un pacto entre ciudadanos iguales.