El TC y la mujer del César

Días atrás, la magistrada conservadora Concepción Espejel decidió voluntariamente abstenerse de abordar el recurso del aborto. Había sido vocal del Consejo General del Poder Judicial cuando este órgano emitió un informe sobre aquella norma, y por tanto considera que no debe participar de la sentencia que el TC emita ahora. Sin embargo, la mayoría progresista ha decidido negarle esa abstención y forzará a Espejel a participar de la deliberación y el fallo. Es una inmensa paradoja que alguien que se siente contaminado se vea obligado a votar una sentencia, pero es la única coartada que ha podido esgrimir el sector progresista para que haya un quórum mínimo de ocho magistrados y se pueda votar sobre el aborto. Si no lo hubiese, la sentencia quedaría en un limbo hasta no se sabe cuándo, más aún cuando el Gobierno se niega a cubrir la vacante número doce del TC, que corresponde al sector conservador. Es decir, alegar un problema de falta de quórum cuando es el Gobierno quien puede resolverlo en una semana no deja de ser una trampa.

Toda esta maniobra en el TC es extraña porque se salta la literalidad de las causas de abstención por conveniencia política con el único fin de que la mayoría progresista pueda rechazar aquel recurso del PP y avalar la ley de plazos del Gobierno socialista, que en realidad es de lo que se trata. Con esta maniobra contra Espejel, queda libre el camino de otros tres magistrados progresistas que no se han abstenido pese a haber participado directamente en informes sobre el aborto, como es el caso de Cándido Conde-Pumpido como fiscal general, Inmaculada Montalbán como vocal del CGPJ, y Juan Carlos Campo, como antiguo secretario de Estado del Ministerio de Justicia. De algún modo, el TC se 'autoindulta', borra el pasado de sus magistrados, reinterpreta a capricho la ley del poder judicial en lo referente a abstenciones, y mantiene su quórum de modo artificial. En definitiva, se usa a conveniencia de parte la letra y el espíritu de la ley para justificar una monitorización política del TC con las mayorías necesarias, cuadren o no. Todo ello no deja de ser una deconstrucción del derecho. La contaminación de un juez no dependerá ya de causas objetivas y tasadas por la ley, sino de una reinterpretación caprichosa según el momento y el caso. El resultado es que, pese a querer dar una imagen de normalización –y es legítimo que Pumpido no pretenda presidir un Tribunal en permanente guerra–, este tipo de decisiones empobrecen la democracia porque impera el afán de control político del PSOE sobre las sentencias. Es aquello de la mujer del César, pero en el TC. No basta solo con ser imparcial. También hay que parecerlo.