Editorial
Crónicas del horror
El discurso del Gobierno sobre las mujeres y el feminismo es un ruido pensado para tapar el lamento de muchas víctimas
Rebajan la pena cinco años al violador de una mujer con parálisis cerebral
La rebaja de pena mínima obliga a los jueces a favorecer al reo
Los tribunales penales tienen el difícil deber de ser explícitos en la descripción de los hechos calificados como delito en sus sentencias. La justicia penal decanta sus decisiones, a veces, por cuestiones de matiz, ya sea para condenar o absolver, ya sea para fijar la ... pena en mayor o menor extensión. Ese deber de describir lo sucedido según las pruebas practicadas en el juicio –hechos probados, en la terminología jurídica– se convierte en la crónica de un horror cuando se trata de las peores agresiones sexuales. Cada vez que la aplicación retroactiva de la ley del 'solo sí es sí' rebaja la condena de un agresor sexual o lo pone en libertad por haber cumplido el tiempo máximo que le hubiera correspondido, el Consejo de Ministros que preside Pedro Sánchez debería leer los hechos probados de la condena que su ley ha premiado. Sería una manera de asumir su responsabilidad colegiada por una de las leyes más nocivas aprobadas en la democracia. Es nociva por su planteamiento ideológico, que hizo de España un país de violadores impunes. Es nociva por su falta de rigor técnico en la fusión de los delitos de abusos y de agresiones sexuales. Es nociva por encerrar un pulso a los tribunales de justicia, emplazados por las arengas del Ministerio de Igualdad a ser meros fabricantes de condenas a instancia de la denuncia de la víctima, sin más prueba. Es nociva, sobre todo, porque fue una gran mentira a las mujeres, más desprotegidas que nunca por culpa de una ley. Dijeron sus apologistas que era el contrapunto al 'Código Penal de La Manada', y resulta que uno de los miembros de este siniestro grupo ha visto reducida su condena por la ley del 'solo sí es sí'.
Basta leer cada sentencia de condena para comprender hasta qué punto las víctimas sufren una nueva agresión a su dignidad y a su libertad –esta vez, desde las páginas del Boletín Oficial del Estado– y se sienten estremecidas por los beneficios que reciben sus agresores. El Gobierno y, singularmente, el Ministerio de Igualdad han conseguido en parte que el debate público sobre la aplicación de esta ley gire en torno a argumentos técnicos –retroactividad o irretroactividad– y a culpas ajenas –los abogados de los violadores, los 'jueces fachas'–, y también han conseguido el silencio cómplice de quienes tanto se indignaron en las calles cuando la Audiencia de Navarra condenó a La Manada por abuso sexual, sentencia revocada por el Supremo para condenar por agresión sexual. Y lo hizo sin necesidad de una nueva ley. Reducir la cuestión al gusto del Gobierno, para, además, saldarse sin una sola dimisión de ningún alto cargo del Ministerio de Igualdad es algo absolutamente injusto para las mujeres víctimas, primero, de una agresión, y luego de esta ley. El Gobierno estaba advertido de que violadores sin piedad ni compasión, autores de prácticas de crueldad inenarrable –salvo para los jueces–, depredadores fríos y metódicos, iban a beneficiarse de la nueva norma. Lo sabía Pedro Sánchez, lo sabía Yolanda Díaz y lo sabían los ministerios de Justicia y de Igualdad. Todos, sin excepción, lo sabían, y aun así la apoyaron y la defendieron como un ejemplo para el mundo. El ejemplo, sin duda, lo hemos dado, pero vergonzante.
La sociedad española debe contar con una opinión pública que no normalice el marcador de beneficios penales y excarcelaciones anticipadas de violadores. El discurso del Gobierno sobre las mujeres y el feminismo es un ruido pensado para tapar el lamento de muchas víctimas que vuelven a sentirse víctimas por culpa de una ley injusta y sectaria.
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