La coacción resultó inútil

El resultado de la votación indica que la dirección de Ferrovial, encabezada por su presidente, Rafael del Pino, fue convincente a la hora de exponer a los accionistas los motivos de la decisión. «Esta operación es la mejor contribución que Ferrovial puede hacer a la sociedad», dijo Del Pino, recordando que su empresa provoca un efecto arrastre sobre un amplio sector de empresas españolas medianas. Y repitió, en contra de lo que afirman varios ministros que lo único que tienen que ofrecer son impuestos, que «no nos vamos por motivos fiscales: España ha sido siempre nuestro país y no renunciamos a él».

Lo sucedido con Ferrovial es la culminación de un largo enfrentamiento del Gobierno de coalición del PSOE y Podemos con los empresarios. El Ejecutivo ha establecido nuevos tributos en sectores que considera impopulares para sus votantes, como la banca y las eléctricas, ha modificado unilateralmente parámetros como el Salario Mínimo Interprofesional que afectan a todos los empresarios, ha usado la inflación como arma arrojadiza contra las empresas de distribución señalando a sus responsables y ha legislado por decreto en cuestiones importantes como los fondos europeos o la reforma de las pensiones, la cual pactó con los sindicatos, pero no con la patronal. A modo de confirmación de esta animadversión gubernamental, casi al mismo tiempo que los accionistas de Ferrovial votaban el traslado, la ministra Ione Belarra exigía al Ejecutivo que persevere en su injerencia: «Lo que estamos viendo con Ferrovial, el Gobierno no lo puede permitir, el Gobierno de España tiene que ser mucho mas contundente».

«Que este Gobierno insulte a todo el mundo, todo el tiempo, tiene efectos secundarios», dijo ayer el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien manifestó que si mañana tuviera que enfrentarse a una situación parecida a la que se ha vivido con Ferrovial, «nuestro objetivo será tener la legislación adecuada para que un accionista siempre tenga razones para quedarse en España». La adopción de reformas pragmáticas que faciliten el emprendimiento empresarial y el mantenimiento de un ambiente propicio para los negocios debería ser la respuesta oficial a la evolución natural de las empresas españolas que tienen éxito compitiendo en el mundo y que acaban, como es lógico, teniendo la mayor parte de su actividad en el extranjero.