Editorial
Buena idea judicial contra la okupación
Esta innovación judicial servirá para poner un espejo a la ineficacia del sistema actual frente a la ocupación ilegal de viviendas
Los magistrados de la Audiencia Provincial de Barcelona han abierto un camino para que las víctimas de la ocupación ilegal de vivienda no se vean obligadas, además, a financiar los suministros de gas, luz o agua de los usurpadores. El propietario que corte estos suministros no será juzgado por un delito de coacciones, como sucede en la actualidad. Se trata de un acuerdo gubernativo, no jurisdiccional, de manera que tales criterios no son vinculantes legalmente. Sin embargo, a pesar de este limitado alcance, la Audiencia de Barcelona manda varios mensaje con su acuerdo. El primero, a los jueces de lo Penal, que son los que dictan sentencia en primera instancia, para que estén advertidos de que si condenan por estos hechos a un propietario, su decisión será revocada.
El segundo, al Tribunal Supremo, que se verá enfrentado a revisar esta novedosa doctrina de la Audiencia de Barcelona a través de los recursos de casación que le llegarán y que obligarán al Alto Tribunal a valorar si es justo, en sentido normativo y equitativo, condenar a un propietario a pagar por la casa que ha perdido.
Y, el tercero, y más importante, al legislador, porque si la Audiencia de Barcelona tiene que dar este paso al frente es porque la ley no solo no disuade a los usurpadores, sino que los invita a seguir ocupando ilegalmente la propiedad ajena. Esta innovación judicial que proponen los magistrados de Barcelona generará polémica y no tendrá una fácil aplicación, pero, al menos, servirá para poner un espejo a la ineficacia del sistema actual frente a la ocupación ilegal de viviendas.
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