Ábalos, lo público y lo privado

En este caso, la tensión que afecta a la decisión transita entre dos polos. El primero consiste en entender que el consumo, por ejemplo, de Viagra, por parte de un ciudadano, un hecho que puede constituir sencillamente un tratamiento médico, concierne solo a esa persona. O que de la vida sexual o sentimental más o menos disolutas por la que se conduce debería dar explicaciones a sus seres queridos y no al resto de la ciudadanía que debiera mantenerse ajena a ella. Desde este acercamiento, la prensa no debería hacerse eco de estos detalles que deberían seguir siendo privados en cuanto no son competencia del público general.

Sin embargo, el asunto contiene otras aristas. Lo que convierte en relevantes las presuntas orgías, el uso de estimulantes sexuales o de cualquier otro tipo de sustancias que pudieran aparecer en el informe que mantiene restringido el magistrado es si se pagaron con dinero procedente del erario del ministerio del que Ábalos era titular, del PSOE en el que ocupó el cargo de secretario de Organización o de las empresas de las que habría conseguido las presuntas mordidas a cambio de favores públicos que se investigan en la causa. En ese caso, y dependiendo de si esas fiestas se pagaron con el dinero de todos los ciudadanos o con un patrimonio obtenido de manera ilícita, una de las obligaciones de este y otros medios consiste en informar a los ciudadanos de los pormenores de la historia por mucho que afecten dolorosamente a la vida íntima de sus protagonistas.

Cabe preguntarse a estas alturas del proceso, y sabiendo que Ábalos no retiró de un cajero dinero en efectivo durante años, cómo se pagaron todos aquellos excesos por mucho que, efectivamente, a efectos legales sea tan grave robar presuntamente para organizar orgías y mantener prácticas estructuralmente prostibularias que guardar el dinero ilegalmente obtenido en un cajón. Los detalles de la organización de las francachelas que aparecen en los informes también pueden resultar trascendentes pues cabría preguntarse si entre las labores de un asesor del ministerio como Koldo García estaba el conseguir sustancias que permitieran al ministro encarar sus empresas amatorias y si puede considerarse un servicio al Estado la contratación de mujeres para conceder favores sexuales en determinadas fiestas. La respuesta es, naturalmente, que no, y poco a poco se van dando razones para la revelación de toda esa información por comprometedora que sea para el propio personaje.

La pregunta fundamental que a estas alturas podemos formularnos es si el Ábalos público financiaba al Ábalos privado, o no. El indicio de que ese trasvase se haya producido es lo que hará saltar por los aires las fronteras en la vida íntima de una persona como el ex número dos del PSOE. De momento, no hay motivos para descartar que se haya producido, pues el juez Puente no ha decidido dejar fuera de la causa toda esta información sensible, razón para entender que, además de escandalosa, es judicialmente relevante.