Lenguaje inclusivo

Dentro de las instituciones oficiales, el contexto más sensible al intervencionismo lingüístico es la educación pública. Con los planes de igualdad para los centros de enseñanza, en los que comparece inexcusablemente el corpus del lenguaje inclusivo, se pretende el alcance de estos usos espurios de obligado cumplimiento, a menos que se apele al derecho de la libertad de cátedra.

Adviértase que una lengua es un sistema de comunicación verbal que los hablantes no tienen capacidad de transformar, puesto que constituye un fenómeno histórico regido por principios naturales, los únicos que pueden originar que esa lengua evolucione con el paso del tiempo. El ejemplo más cercano a nosotros es el latín. Hablamos castellano porque la evolución natural o histórica de aquella lengua se desarrolló así, de la misma forma que fue distinta para el gallego y para el catalán, aunque detrás de esa mutación indudablemente subyace un sustrato político, social, cultural y geográfico. Estos fenómenos son archisabidos por quienes posean mínimos conocimientos históricos o filológicos, y fue explicado –para todas las lenguas– por el lingüista suizo Ferdinand de Saussure en su 'Curso de lingüística general' en 1916.

Conforme a estas premisas, el lenguaje inclusivo se propone como una injerencia ideologizada, perniciosa y manipuladora en el estatus histórico actual del castellano. Quienes han esgrimido el argumento de que la nuestra es una lengua machista rehúsan la verdad científica de que toda lengua es, en sí misma, una institución natural, intangible, abstracta e inocente, responsable solamente de representar la materialización del acto comunicativo. Digámoslo aún más claro: a partir de esa consigna del feminismo de hoy que propugna el cambio social –extensible al cambio y la alteración del castellano–, el objetivo es extorsionar los mecanismos de funcionamiento de esta lengua mediante actitudes de intromisión.

El peligro de esta postura, formidablemente proyectada por la reiterativa publicidad de los partidos que integran el Gobierno, es que ha obtenido un gran rédito a medio plazo entre ciertos sectores de la comunidad castellanoparlante, hasta el punto de que quienes no se sometan a este dictado se encuentran moralmente expuestos a la acusación de nefando delito de machismo, cuando lo que en realidad defienden con su negativa es una impronta cultural.