JUSTICIA TUERTA

Pese al peso de las pruebas, a pesar de las evidencias y contra la lógica misma de la Justicia, tanto en Cataluña como en Andalucía jueces y fiscales, salvo honrosas excepciones, se afanan en cribar las denuncias y tramitarlas por la vía del archivo, papelera o dilación. A estas alturas, interesa poco el mercadeo sevillano y aún menos el caso Palau o aquello de la operación Pretoria (con Prenafeta y Alavedra en papeles estelares), un ejemplo esférico de componenda transversal mediante la cual convergentes y tripartitos no conocen ni sus diferencias ni sus límites a la hora de hozar en los caudales públicos, hermanados por la patria y por un particular sentido de la redistribución de las rentas que el refranero doméstico acota en la sentencia de que el que parte y reparte se lleva la mayor y la mejor parte. Ni que decir tiene que los choros de la izquierda, que haberlos haylos y en abundancia, cuentan con una generosa aplicación de la presunción de inocencia que consiste en que ni condenados son culpables. Pelillos a la mar. Nada que ver con los casos de corrupción de derechas, una de cuyas singularidades es la alarma social, lo que se sustancia en que resulta a todas luces más grave dotarse de un fondo de armario que de un fondo de reptiles o andar por los bares dando el «queo» a la Eta, lo que es otra forma de corrupción, la moral, menos vistosa pero más consistente, de largo alcance y complejo seguimiento judicial.

Entre el doble rasero y el cambio de la venda de la Justicia por un parche pirata, la corrupción en España se entiende como un mal menor, una cuota inevitable del sistema, un viejo hábito de la derechona, un residuo literario de la tradición picaresca. Poca cosa siempre que el fulano tenga el carné del PSOE o del sindicato.