Una oportunidad para España

Tamaña cantidad de dinero va a someter a una dura prueba la capacidad administrativa española para planificar y utilizar adecuadamente los fondos. Hace 30 años, España empleó con mucho acierto el dinero europeo en grandes proyectos de infraestructuras como el AVE. Ahora es momento de invertir en capital humano y no en infraestructuras físicas (muchas de las cuales ya son de primera categoría), y levantar una economía más basada en el conocimiento, digital, ecológica e inclusiva.

La española ha sido la economía de la zona euro más castigada por el Covid-19. En el segundo trimestre del año, el PIB del país descendió mucho más que durante la gran recesión de 2008-2014, en gran medida debido a que la economía depende de manera desproporcionada del turismo y la construcción. Los sectores más afectados por la pandemia representan alrededor del 25% del PIB. El dinero puede parecer maná caído del cielo, pero conlleva compromisos, y no es la panacea para los profundos problemas estructurales del país. Se necesitan reformas con urgencia. La utilización de los fondos será vigilada de cerca. Si un Estado miembro pone en duda la seriedad de las reformas de otro, puede retardar los desembolsos y presentar el asunto a los líderes de la UE para su debate.

En los últimos años, el ritmo de las reformas no solo se ha ralentizado, sino que los sucesivos Gobiernos españoles han sido especialmente proclives a anular las de sus predecesores, sobre todo en los sectores del mercado laboral, la educación, las pensiones, los impuestos y la planificación urbana.

Existe un grave peligro de que las administraciones públicas se empantanen en la burocracia durante la elaboración de los proyectos. La falta de cooperación entre ellas constituye un problema estructural. A juzgar por el pasado reciente, las perspectivas no son buenas. A finales de 2019, España había gastado solamente el 30% de los fondos del presupuesto 2014-2020 de la Unión Europea, muy por debajo del 40% de la media. Asimismo, solo aplicó el 12% de las recomendaciones específicas de la Comisión Europea publicadas entre 2011 y 2019 con periodicidad anual en el marco del Semestre Europeo. En algunos casos, el historial español en lo que a gasto del dinero presupuestado se refiere tampoco es muy satisfactorio. Por ejemplo, en 2018 el sector público fue incapaz de gastar casi la mitad de los fondos asignados para investigación, desarrollo e innovación. Ahora, España tiene la oportunidad de recuperar a las legiones de científicos, ingenieros, médicos, enfermeras y otros trabajadores cualificados que se marcharon del país durante la última recesión.

Los informes de la Comisión Europea sobre España publicados a principios de año dan una idea de la dirección en la que debería avanzar la economía, en particular en las áreas de la gobernanza fiscal y las políticas relacionadas con el mercado laboral, centrándose en reducir el elevado nivel de empleo temporal y reforzar la formación vocacional, lograr que descienda la tasa de abandono escolar precoz (todavía muy alta con un 17,3%) y la de repetición de curso (30,5% entre los estudiantes de 15 años), aumentar la eficiencia energética y fomentar la innovación. Mucho antes de la crisis de la pandemia, España estaba lejos de alcanzar las metas de Europa 2020, la agenda de la Unión Europea para el crecimiento y la creación de puestos de trabajo basada en cinco objetivos relacionados con el empleo, la investigación y el desarrollo, el cambio climático, la pobreza y la exclusión social.

En el ámbito de la digitalización, cabe pensar que el país parte con ventaja, ya que la fibra óptica llega a muchos lugares, pero la brecha digital es profunda. Durante el confinamiento motivado por la pandemia, solo la mitad de los centros de enseñanza disponía de plataformas digitales de aprendizaje adecuadas, y cuatro de cada 10 hogares con unos ingresos mensuales no superiores a los 900 euros no tenían ordenador. A esos alumnos les resultará muy difícil ponerse al día, lo cual incrementa las perspectivas de aumento de la desigualdad y la exclusión social. La construcción de una economía del conocimiento se ve frenada por el bajo nivel educativo de los jóvenes de entre 25 y 34 años. En 2018, un tercio de los miembros de este grupo de edad no había adquirido una educación superior tras completar la enseñanza secundaria obligatoria.

Los fondos de recuperación de la Unión Europea proporcionan a España la oportunidad de lograr una economía más sostenible, innovadora, productiva y resiliente. Está por ver si el país lo hará o no realidad.

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William Chislett es investigador sénior asociado del Real Instituto Elcano