Tribunal de excepción

Por lo pronto, Garzón decide que sólo merecen justicia las víctimas causadas por el bando franquista, porque los vencedores «aplicaron su derecho a los vencidos». Esta afirmación en boca de un juez es, como mínimo, temeraria porque aún hay masacres, como la de Paracuellos del Jarama, que no tienen responsable declarado judicialmente aunque aún viva algún sospechoso en condiciones de prestar declaración. Desde 1978 no se había visto un ejercicio tan sectario y discriminatorio en la administración de la justicia, que da carta de naturaleza judicial a una división de españoles que fue, precisamente, lo que la Transición y el acuerdo constitucional quisieron cerrar. En el plano técnico, Garzón fuerza la calificación de los hechos para justificar su propia competencia y utiliza la argucia de tipificar las desapariciones como un delito permanente de detención ilegal -cuando es evidente que se trata de delitos contra la vida-, conectándolo con un delito contra los altos organismos del Estado, que es al que apela para confirmarse en la instrucción del caso, recordando a conveniencia que este delito ya estaba previsto por el Código Penal de 1932, pero ignorando que el plazo de prescripción establecido por esta ley republicana le obligaría ahora a archivar la causa. Incluso, después de aceptar a regañadientes que los hechos que investiga no son constitutivos de un crimen contra la Humanidad, porque lo prohíbe la irretroactividad de las leyes penales, Garzón utiliza esta misma calificación jurídica para declarar, ni más ni menos, que la Ley de Amnistía de 1977 no es aplicable. Sí fue aplicable, en cambio, para justificar el archivo de una querella por la matanza de Paracuellos del Jarama, que además había prescrito, según el cambiante criterio de este juez instructor.

Éste es otro sumario de los llamados a frustrar legítimas expectativas de familias que, con justicia, quieren saber dónde están sus desaparecidos. El Ministerio Fiscal cree que los hechos están cubiertos por la Ley de Amnistía o, en todo caso, que son competencia de los juzgados del lugar donde se cometieron los crímenes. Nadie podrá decir que el Fiscal General del Estado quiere encubrir los crímenes del franquismo. Para satisfacer las demandas de las familias de las víctimas no era necesario que Garzón irrumpiera con esta grave manipulación del Derecho y de la función jurisdiccional. La justicia que piden debe venir de las administraciones públicas, del reconocimiento social y de los historiadores. Con la vulneración de los principios jurídicos básicos no se llega nunca a ningún resultado satisfactorio. La opinión pública no debería confundirse: el horror de la Guerra Civil -en los dos bandos- y de la represión -en los dos bandos, también- no justifica cualquier iniciativa política o judicial. El fin no justifica los medios, ni Garzón es la única posibilidad para el resarcimiento de los familiares de desaparecidos. Desde hace muchos años se están localizando y abriendo fosas comunes, identificando víctimas y dándoles el reconocimiento que merecen. Esta decisión judicial sólo va a sembrar discordia y a dar pie a que la demanda de justicia se extienda también a esos crímenes que no merecen ser atendidos por el juez Garzón