Fernández de la Vega, el género y la libertad

Que por favor levanten la mano los que crean que mantener a un país diez semanas en estado de alarma con derechos básicos restringidos o suprimidos no es un asunto de «especial trascendencia». Seguro que ni la presidenta del Consejo de Estado, doña María Teresa Fernández de la Vega, se atrevería a hacerlo. Pero ella, por supuesto, calla y otorga al Gobierno que la ha puesto en esa silla curul sin mérito alguno. Recordemos que empezó su carrera jurídica como secretaria de magistratura del trabajo en 1974, poco después de que Franco condecorase a su padre en 1971 con la Medalla al Mérito en el Trabajo, categoría de plata y ramas de roble, en el aniversario del Alzamiento Nacional (con perdón). Su rango en el escalafón era menos que ser secretaria de juzgado. Cuando Fernando Ledesma fue ministro de Justicia, la llevó a su gabinete. Y de ahí llegó en 1990 a un juzgado por el cuarto turno. Con tan notable currículo saltó al Consejo General del Poder Judicial en 1994, cargo que casi no desempeñó pues ese mismo año fue nombrada secretaria de Estado de Justicia por Juan Alberto Belloch. El resto de su carrera política es sabida por el común: Zapatero la convirtió en su mano derecha y sus andanzas políticas son bien conocidas. Pero su prestigio o titulación jurídica no mejora por su andadura política. Son nulos.

El autor de la tribuna del pasado lunes, García-Trevijano, no quiso poner bajo su firma su condición de letrado mayor del Consejo de Estado. Se limitó a describirse, modestamente, como abogado. Definirse como lo que es hubiera dado mucho más valor a un artículo que terminaba diciendo que «estamos ante una situación especial que requiere medidas singulares que se están adoptando sin el pueblo pero en su beneficio. Pues bien, resulta que eso es precisamente una dictadura».

Fernández de la Vega ha lanzado contra el letrado mayor a la secretaria general del Consejo, advirtiéndole que se atenga a las consecuencias. Y eso lo hace después de incumplir ella el artículo 7.5 del Reglamento del Consejo de Estado que establece que «cuando en el despacho de algún asunto se hubiera omitido indebidamente la audiencia del Consejo, su presidente lo significará a quien corresponda». ¿Ha denunciado Fernández de la Vega al Gobierno su incumplimiento del deber de consultar al Consejo? Se admiten apuestas.

Fernández de la Vega es una mujer sin las cualificaciones para su cargo, pura comisaria política que guarda silencio en la comisión permanente y en el pleno del Consejo de Estado cuando se abordan cuestiones jurídicas -no es tonta, sabe que no tiene ni idea- pero muestra el máximo empeño en las cuestiones de género, que son más importantes para ella que la libertad. A ella lo que le preocupa es que se hable del miembro y la miembra, del pollo y la polla. No paramos de mejorar.