El «procés» era un desfalco masivo

El dictamen del Tribunal de Cuentas, en paralelo al proceso penal que sigue su curso en el Tribunal Supremo por rebeldía, revela que toda la estrategia supuestamente legal del independentismo, avalada por multitud de Gobiernos extranjeros, y asentada sobre las bases de la libertad, la democracia, el derecho a votar o a la autodeterminación, eran una auténtica farsa. La Generalitat dedicaba dinero público que debió servir para financiar hospitales, escuelas o pensiones a crear un entramado delictivo con la independencia como coartada. Y todo ello, planteando un pulso inédito al Estado, fracturando a la sociedad catalana, bloqueando el Parlament y mintiendo sistemáticamente. En su día, el Tribunal de Cuentas ya condenó a Artur Mas y a otros dirigentes de su Gobierno al pago de una multa superior a los cinco millones de euros por su responsabilidad contable en la consulta farsa del 9-N de 2014. Antecedentes hay para que este tipo de abusos no se repitan. Es evidente que el Gobierno de Cataluña ha metido la mano en la caja de todos los catalanes para diseñar un golpe de Estado y que, más allá de las responsabilidades penales que puedan derivarse de su actuación, tampoco debe salir gratis el desfalco de las cuentas públicas que han llevado a cabo. Dedicar, como ha detectado el Tribunal de Cuentas por ejemplo, catorce millones de euros en lujosos viajes para dar conferencias en el extranjero en favor del independentismo no es solo jurídicamente reprochable, es una ofensa a los catalanes.