La politización del TC

EL estreno «político» del TC se produjo hace veinticinco años, cuando dictó la polémica sentencia sobre el «caso Rumasa», resuelto con el voto de calidad del presidente Manuel García-Pelayo. Desde entonces, se ha convertido en un factor más del tablero político nacional, con unas ... consecuencias perjudiciales para la imagen del órgano que ostenta la condición de máxime intérprete de la Constitución. La polémica sobre la reciente sentencia del TC acerca de la prescripción de los delitos ilustra de forma nítida hasta qué punto esta institución ya no marca distancias frente a la crítica y las valoraciones políticas sobre sus decisiones. Las causas de esta indeseable situación son diversas. La primera, sin duda, es la ausencia de autocontrol en los partidos políticos a la hora de preservar al TC de sus disputas tácticas. En buena medida esto es así porque son los partidos -a través del Gobierno, del Parlamento o, de forma más mediata, del CCPJ- los que controlan la composición del TC. Sin embargo, la gravedad de las responsabilidades de este órgano había sido suficiente para mantener un cierto estatus de respeto institucional, con críticas ocasionales, más técnicas que políticas, pero sin llegar a una inmersión absoluta del TC en el cuadrilátero de la pelea partidista. La reforma al asalto que llevó a cabo el PSOE el pasado año para cambiar las condiciones de la presidencia del TC certificó el fin de la inmunidad política de este órgano.