Pacto de Estado por el empleo
LOS datos de la Encuesta de Población Activa ya no dejan margen alguno para la duda porque las cifras de desempleo están enfrentando a España a una situación límite. En términos absolutos, la cifra de 4.010.700 desempleados -el 17,36 por ciento- es ... la más alta de toda la serie histórica desde que en 1976 empezase a medirse. En el primer trimestre del año, el paro afectó a 802.800 personas, un 25 por ciento más que el trimestre anterior, y en términos netos la destrucción efectiva de empleo alcanzó a 766.000 españoles. Los datos demuestran que en los últimos doce meses son 1.836.000 los ciudadanos que han perdido su empleo, lo que hoy representa prácticamente que 8.600 personas se quedan sin trabajo cada día. Y, lamentablemente, no puede afirmarse que el aumento del paro pueda atribuirse a un incremento del número de españoles que tratan de acceder sin éxito al mercado laboral, sino lisa y llanamente a la destrucción de puestos de trabajo. Para completar esta triste estadística, resulta muy preocupante que desde marzo sean ya más de un millón los hogares españoles con todos sus miembros en paro, más del doble que hace un año. Todos estos datos configuran una realidad profundamente desalentadora que exige contundencia y soluciones efectivas sin demora.
Las medidas aplicadas hasta ahora no están dando frutos pese a que el Gobierno insista una y otra vez en que las cifras experimentarán una mejoría en breve y siga negando taxativamente que el dato pueda alcanzar los cinco millones de parados. A estas alturas, la recuperación del empleo, que siempre es mucho más lenta que su destrucción, pasa por un acuerdo de Estado fuerte, visible, generoso y sincero entre todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria y, en su defecto, entre los dos partidos mayoritarios, para contener esta sangría. Eso, y no disquisiciones viciadas por una visión ideologizada e inmovilista de la economía entre el Gobierno y los sectores implicados -el diálogo social continúa bloqueado- es lo que aconseja el interés general ante una situación límite. Detenerse sólo en la búsqueda de culpables y regodearse en el fracaso del Gobierno; echar balones fuera con demagogia para tratar de generar una falsa sensación de tranquilidad entre la ciudadanía; rechazar de plano y con desautorizaciones tajantes las propuestas que se ponen sobre la mesa, provengan de donde provengan (oposición, sindicatos, patronal...); o desatender las recomendaciones de los múltiples organismos internacionales que exigen a España acometer con urgencia profundas reformas en el mercado laboral, seguirá siendo un error que en nada ayudará a la recuperación de la competitividad, la inversión y el empleo. El del desempleo es ya un fracaso colectivo basado en una imprevisión difícilmente justificable que, sin embargo, hoy requiere más de una intervención común y coordinada alejada de los vetos y de las posiciones maximalistas, que del rosario de enfrentamientos y reproches mutuos entre las instituciones del Estado, los partidos y los agentes sociales, porque ello no hace sino generar más incertidumbre y desconfianza entre millones de personas que ya no saben a qué atenerse. Los datos, como admite el Gobierno, son aún peores de lo esperado. Para el Ejecutivo, es el momento de despojarse de los muchos prejuicios que lastran su impotente gestión porque la envergadura de la crisis no admite ni un solo error más.
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