Impasse

La división territorial española generó, desde el principio, una distorsión en el voto que ninguna democracia podría permitirse durante mucho tiempo. Y que aquí ha impuesto, como una evidencia, su lógica perversa a lo largo de cuarenta años. En los dos últimos, ese desequilibrio ha venido poniendo a nuestro país al borde del colapso. Volverá a hacerlo. En las elecciones legislativas de abril como en todas las que vengan luego.

Basta confrontar el reparto de escaños de las generales con el de las europeas -que regula la pura proporcionalidad en circunscripción única-, para percibir la estafa que se viene perpetrando contra ese voto ciudadano, al cual se le supone igual valor y retribución representativa para todos.

La ley electoral española bonifica el valor en escaños de los votos obtenidos por los partidos que operan en ámbitos regionales. En los términos que se ajustasen al tópico «un hombre un voto», la representación nacionalista en el parlamento español sería minúscula, casi testimonial. Incapaz, en todo caso, de bloquear la voluntad mayoritaria que están llamadas a expresar las urnas. Durante los cuatro decenios en los que el bipartidismo impuso su lógica, el privilegio de la sobrerrepresentación nacionalista no se percibió como insoportable. Hoy, cuando ese bipartidismo ha muerto para siempre, el regalo de un plus de escaños a CiU, Esquerra y PNV no puede ser percibido por el votante «normal» más que como una estafa. Además de un peligroso factor de parálisis legislativa.

No va a haber mayoría clara tras las elecciones: es lo único que hoy parece indiscutible. Ciudadanos habrá de decidir hacia qué lado vuelca la inestabilidad, sin solucionarla. Esperemos que no se equivoque. Apoyar un agónico mandato del Sánchez al acecho de negociar la independencia catalana, sería para los de Rivera el suicidio: una pena en una fuerza que levantó tanta esperanza.

Sólo la apuesta por un gobierno de concentración constitucionalista podría poner fin a esta agonía cíclica. Procediendo a lo inaplazable: la aprobación urgente de una nueva ley electoral. Dos hipótesis sólo se abren para abordarla: a) sistema de dos vueltas, a la francesa, que favorezca la concentración del voto; b) sistema proporcional puro, que dé razón matemática de la diversidad sin primar territorialmente a nadie. Yo vería mejor la hipótesis a), pero sé que eso es discutible. Lo inaceptable es que el voto de un ciudadano del Ampurdán o del Valle del Urola valga distinto que el de uno de Usera.

Solo luego de esta corrección, podrán los partidos saber de verdad cuáles son sus legitimidades. Y el ciudadano que vota dejará de sentirse engañado.