«Caenas»

Cuesta creerlo pero España acaba de renunciar al mecanismo representativo mediante el que los ciudadanos controlan al Gobierno. Al concepto básico de los sistemas de libertades modernos. Durante los próximos seis meses, el Ejecutivo tendrá las manos libres para tomar decisiones sin que ninguna institución -apenas la Justicia, y ya veremos- encarne la imprescindible función de contrapeso. Las Cortes van a ser suplantadas por una Conferencia Interterritorial de Sanidad y un fantasmal comité de «expertos»; una parodia de legitimidad, un mal remedo de asesoramiento externo, una suerte de democracia orgánica construida sobre entes paralelos sin entidad jurídica ni administrativa. La soberanía nacional sustituida por un par de juntas corporativas de cargos autonómicos y de eminencias científicas, en el benévolo supuesto de que existan, como trasunto de los consejeros de las antiguas monarquías absolutistas. Que salgan los politólogos de guardia a explicar esta anomalía que el legislativo ha aceptado en un rapto de sumisión suicida.

No vale la coartada pragmática de la situación de emergencia, ni el placebo paliativo de la cogobernanza a la carta. Es una cuestión de fuero, de respeto a la estructura de la legalidad democrática. Si la Constitución establece que el estado de alarma tiene una duración tasada de dos semanas, ése ha de ser también el plazo de las prórrogas que hagan falta y que el presidente debe solicitar a la Cámara previa evaluación transparente de las circunstancias. Una prolongación por 180 días, sin posibilidad de revisarla antes de cuatro meses, es un fraude de ley, una interpretación arbitraria, abusiva y a beneficio de parte, de la Carta Magna. Lo que ha votado el Congreso constituye un harakiri de su responsabilidad, una credencial habilitante para someter a la población a una larga, inaceptable etapa de disciplina autoritaria. Quién le podría pedir a un ventajista experto que no haga trampas si se le entrega voluntariamente la baraja.