Bono social y Estado de derecho

El TS ha resuelto lo que para Ronald Dworkin es un ‘caso difícil’; aquel cuya solución no es evidente a la luz de la letra de la ley. El Derecho europeo no contiene ninguna norma que explícitamente proscriba imponer la financiación del bono social solo a los comercializadores de electricidad. El debate mantenido en el seno de los recursos fue extraordinariamente complejo, estuvo mediatizado por la complicada estructura del sector eléctrico y la legítima postura de la Abogacía del Estado y de las empresas que defendían este modelo de financiación no fue menos seria a la sostenida por las recurrentes. Sería engañoso considerar que las sentencias del TS no pueden ser objeto de opiniones divergentes.

No se pretende defender el resultado de los litigios, pero sí señalar la miopía de percibirlo como una ‘victoria’ de los recurrentes frente al Estado. La historia del Derecho público continental constata que las sentencias favorables a los particulares que se alzan para proteger sus intereses contra decisiones públicas no pueden ser aisladamente consideradas como ‘triunfos’ de lo privado frente al interés general. Dichas sentencias deben ser enmarcadas en las labores de construcción y mantenimiento del Estado de derecho que desempeñan los tribunales cuando enjuician el quehacer del poder público. El control de la actividad administrativa se construyó en España a lo largo del siglo XIX gracias a la ‘doctrina de los vicios de orden público’ elaborada por el TS para superar que buena parte de los actos administrativos se configuraran en aquel momento como irrecurribles.

Censurar que las empresas acudan a los tribunales en defensa de sus intereses esconde la amenaza de volver a estrechar el sometimiento del poder público al control jurisdiccional y, con ello, ensanchar de nuevo sus inmunidades.

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Gonzalo Rubio Hernández-Sampelayo es abogado