El filón demagógico de las hipotecas

La Moncloa está encantada con la resolución, y sostener lo contrario sería mentir. La banca no era la única interesada en este fallo

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La decisión de Pedro Sánchez de reformar la normativa hipotecaria para que desde ahora sean los bancos, y no los ciudadanos, los que paguen el impuesto de actos jurídicos documentados al suscribir una hipoteca responde a dos necesidades justificadas. Primero, a la clarificación jurídico-legal de un precepto ya anulado en firme por el Supremo, que además ha generado una gran confusión. Y segundo, dar réplica política al desprestigio que ha sufrido el Supremo con el nada edificante espectáculo de las últimas semanas. Pero también responde a una tercera necesidad: la de Sánchez de dar un golpe de efecto demagógico, porque es imposible sustraerse a la idea de que seguirá siendo el cliente el que pague el impuesto, aunque sea por vía indirecta. Por eso no conviene engañarse, ni que Sánchez engañe a los españoles con otra media verdad.

También es inevitable hacer otra lectura que retrata el ánimo populista con el que actúa Sánchez. Tarde y mal, lo cierto es que el Supremo se ha limitado a ratificar una doctrina que llevaba vigente veinte años y que fue alterada unilateralmente por un segmento del Tribunal sin una motivación suficiente para explicar el vuelco. Ese es el hecho, más allá de la deplorable pugna de egos y los errores de la Sala Tercera. Sánchez no puede olvidar dos detalles: que ese impuesto fue regulado en 1995 por un Gobierno socialista y que las palabras de la ministra de Hacienda en plena deliberación judicial eran indiciarias de que el Ejecutivo no quería una decisión que costase 5.000 millones a los bancos. Quería enmendarle la plana al Supremo, con un gesto presidencial que sienta precedente y que contribuye a debilitar al Alto Tribunal en un momento crítico, en vísperas del juicio al golpismo catalán. La Moncloa está encantada con la resolución, y sostener lo contrario sería mentir. La banca no era la única interesada en este fallo. Engaños, los justos.

Peor aún es el populismo de Podemos. Pablo Iglesias no solo ha quedado retratado por sus gustos personales -y legítimos- en materia inmobiliaria, sino que ahora pretende convulsionar la calle en su propio interés. Podemos no es un ejemplo ético de nada. Su demagogia es intolerable cuando, en su calidad de socio de Gobierno del PSOE en Aragón, ha subido ese mismo impuesto que tanto critica casi un 40 por ciento. Predica y pontifica, pero nunca da trigo. Sánchez e Iglesias parecen competir en un concurso de cínica meritocracia y ventajismo político, sin plantearse, por ejemplo, algo mucho mejor: la desaparición de ese impuesto -como propuso ayer el PP- y la supresión de otros tributos anacrónicos e injustos, como los de sucesiones y patrimonio, que especialmente las autonomías del PSOE cultivan contra sus propios ciudadanos. Ni siquiera el buenismo fingido, como soporte del oportunismo político y la mentira económica, puede proteger a Sánchez de sus medias verdades.