Del edadismo a los territorios amables

El coronavirus no solo está afectando a la salud, especialmente de los mayores, sino que ha hecho aflorar un latente edadismo en la sociedad y en el sistema sociosanitario que ha lesionado los derechos de las personas mayores, incluso con un tratamiento poco digno en ocasiones. Aunque el concepto de edadismo fue acuñado por Robert Buttler en 1969 para definir la discriminación contra las personas de más edad, han tenido que pasar más de cincuenta años para verlo en su máxima expresión.

Esta actitud se tradujo en los peores momentos de la pandemia en triaje en hospitales, cierre de servicios esenciales para la salud de los mayores, mala gestión del final de la vida, infravaloración del impacto de las medidas de aislamiento en la salud emocional, no aplicación de la desescalada en las residencias, ausencia de participación de este colectivo en la toma de decisiones, alarmismo en los medios de comunicación y en general un desequilibrio entre seguridad y derechos de los mayores.

La vejez no fue tratada como un grupo de población de alto riesgo durante la pandemia. Por encontrar alguna explicación a este hecho, puede ser que esta cohorte etaria cuenta aún hoy con escasa percepción de valor social, siempre rodeada de estereotipos negativos, sin voz y en ocasiones relegada en el acceso a recursos esenciales como es la atención hospitalaria. Se observó también en los peores momentos de la alarma sanitaria la necesidad de mejorar la gestión de la información que transmiten los medios de comunicación y los propios profesionales sanitarios y sociales, a través de mensajes claros, evitando culpabilizar a los diferentes grupos de edad en relación con su capacidad de contagio. Luchar contra la discriminación y estereotipos por razón de edad sigue siendo una tarea de máxima relevancia si queremos avanzar hacia una sociedad justa.

Este edadismo que ha constatado un reciente informe promovido por la división de protección social y salud del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), está siendo avalado por numerosos expertos en todo el mundo. El investigador del BID Marco Stampini ha recomendado para luchar contra esta discriminación una serie de medidas entre las que se incluye «mejorar los ambientes urbanos, la accesibilidad, la movilidad y la vivienda para aumentar la autonomía de las personas mayores». Este consejo apunta a fomentar la «amigabilidad» en los territorios para integrar a las personas mayores en la vida social y comunitaria. El movimiento Age Friendly Cities and Communities, promovido desde la Organización Mundial de la Salud (OMS), que actualmente aglutina a más de mil ciudades de todo el mundo, es una excelente herramienta de cohesión social en relación con la edad y también con las situaciones de dependencia. Por desgracia este enfoque ha sido obviado en los clásicos mensajes del envejecimiento saludable, donde solo la alimentación y el ejercicio físico parecía que importaban, en detrimento de un reconocimiento de la igualdad de responsabilidades y derechos a la participación en la vida social, política y comunitaria. Ciudades amables con las personas mayores son aquellas que no buscan un miope envejecimiento activo sino una promoción de ciudadanía activa, entendida como un eclecticismo de actividades participativas que incluye la participación política y la acción comunitaria y voluntaria. De modo y manera que territorios amables con los mayores son aquellos que buscan que las personas que envejecen lo hagan integradas en su entorno, jubiladas o no, que mantienen una vida cotidiana activa, asumiendo compromisos y responsabilidades e incorporando conductas saludables.

Por suerte, en España esta búsqueda de «la amabilidad» tiene diversas administraciones públicas que han comenzado a darle respuesta. Desde el Centro de Investigación Ageingnomics con la ayuda de Deusto Business School hemos seleccionado tres instituciones que pueden servir de ejemplo por sus políticas de amabilidad con las personas mayores frente al edadismo pandémico. La ciudad de Zaragoza, la Junta de Castilla y León y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La capital de Aragón fue la primera ciudad española en sumarse a la iniciativa de la OMS de una Red Mundial de Comunidades y Ciudades Amigables. Además, está implementado un plan de inversiones para mejorar la vida urbana de los mayores, así como una modificación de la ordenanza de accesibilidad que permita que muchos mayores sigan viviendo en la ciudad. Por su parte, la Junta de Castilla y León, la comunidad autónoma más extensa y con menos densidad de población del país y también una de las regiones europeas con un número más alto de mayores de 65 años, está aplicando un discurso que huye del paternalismo, en beneficio de un trato para la vejez como ciudadanos de pleno derecho y con criterio. Destacan sus actuaciones, como la teleasistencia universal y gratuita, que permitirán que una gran mayoría de mayores puedan permanecer en sus hogares, tal y como es su deseo y recomiendan cada vez más expertos geriatras. Por último, este mes de marzo hemos recibido la buena noticia desde el Gobierno de España de un Plan de medidas ante el Reto Demográfico que contempla una inversión superior a los 10.000 millones y que está destinado a combatir la despoblación y garantizar la cohesión económica y social de millones de adultos mayores que no solo necesitan atención sanitaria, sino también cultura, ocio, movilidad, vivienda y tecnología.

España está en disposición de liderar una estrategia mundial para que el alargamiento de la vida suponga una oportunidad económica a través de nuevos productos y servicios para los mayores. Tenemos la mayor esperanza de vida del mundo junto a Japón; una cultura de apertura gracias al turismo y un espíritu emprendedor que hemos demostrado a lo largo de nuestra historia. Solo nos falta acabar con la discriminación absurda de la vejez (edadismo) usando territorios que apuesten por «políticas amables», usando la terminología de la OMS, en atraer y retener a las personas mayores.