La Justicia no es mercancía

La Asociación judicial Francisco de Vitoria ha denunciado el riesgo que supone para el Estado la creación de poderes judiciales autonómicos. Vistos los precedentes y la generosidad con la que el Gobierno de Pedro Sánchez mercadea con los intereses del Estado, los jueces tienen motivos para sentirse preocupados. La descalificación de los tribunales de justicia por el nacionalismo es una constante de su estrategia de deslegitimación del orden constitucional. La justicia es el baluarte de la ley y la Constitución frente a las componendas políticas con los nacionalismos, pero, precisamente por esta resistencia judicial a la desconstitucionalización del Estado, los separatistas no renuncian a romperla. Si consiguen crear poderes judiciales autonómicos, el primer sacrificado será el principio de igualdad ante la ley, porque ya se asegurarán los gobiernos y parlamentos nacionalistas de crear tribunales domesticados a su medida. Sería una regresión a los tiempos del Antiguo Régimen, cuya abolición tuvo su más clara expresión en la instauración de una sola justicia para una sola nación de ciudadanos libres e iguales. Que la izquierda sucumba a estas pretensiones retrógradas del nacionalismo es una negación de su esencia supuestamente igualitarista, pero también es coherente con el apoyo a las políticas fragmentarias de los separatistas con las lenguas cooficiales.

La Constitución es clara y terminante al afirmar que la unidad jurisdiccional del Estado «es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales». Y al decir que «es la base» significa que ningún legislador oportunista puede hacer excepciones para crear poderes judiciales que compitan con el único que existe, el del Estado, garantía irrenunciable de los derechos y libertades de cada ciudadano español.