El Tribunal de Cuentas alerta del descontrol del SEPE sobre los cursos de formación para empresas

Son varios los motivos que impiden ejecutar el presupuesto previsto para esta política. Para empezar, la oferta de cursos de formación subvencionados no se encuentra aparejada con las necesidades de las empresas. Y los servicios de empleo autonómicos no logran captar a empresas para los cursos ofertados. Además, como ya viene explicando este medio, la vía de la formación bonificada también se encuentra en punto muerto ante las complicaciones que encuentran los empleadores para justificar los gastos de formación que se deducen en la factura mensual de liquidación de cotizaciones sociales de los empleados.

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Aquí es donde el Tribunal de Cuentas alerta de que buena parte de estas disfunciones están producidas por la desidia del SEPE a la hora de llevar a cabo las actuaciones arrogadas como organismo administrador del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral. Y señala, que esta falta de control por parte del organismo la que ha dificultado en los últimos años la labor de Fundae, la entidad colaboradora del SEPE que asiste técnicamente al organismo en la planificación, programación, gestión, evaluación y seguimiento y control de las iniciativas de formación.

De hecho, el informe del Tribunal de Cuentas viene a analizar el desempeño del convenio firmado entre ambas instituciones en 2013 y por el cual Fundae asume parte del control de este sistema de formación. Y la conclusión es que en buena parte ha sido incumplido desde entonces. De entrada, el organismo fiscalizador advierte que la labor de seguimiento y control de las iniciativas de formación profesional para el empleo en la que Fundae debe apoyar al SEPE no se ha podido producir con normalidad, precisamente, por las disfunciones en la actuación servicio público de empleo.

«Este organismo debía remitir a la Fundae los resultados de las actuaciones de seguimiento y control con la antelación necesaria para que esta pudiera revisar la justificación de las subvenciones concedidas, así como de las bonificaciones practicadas por las empresas», señala el Tribunal de Cuentas advirtiendo de que el análisis realizado revela que, en ocasiones el organismo »no disponía de los resultados de las actuaciones de seguimiento y control de las acciones formativas que se encontraban en dicho proceso».

Concretamente, el plazo de comprobación de las bonificaciones aplicadas por las empresas resultaba elevado ya que la Fundae debía demorar la verificación hasta el momento en que disponía del pertinente fichero facilitado por la Seguridad Social, elaborado a partir de la información sobre las cuantías ingresadas por las empresas durante el año anterior en concepto de cuota de formación profesional.

«Los procedimientos y procesos de revisión de la documentación justificativa se dilataban en el tiempo, y en mayor medida en las entidades sometidas a controles ex post, ya que se encontraban en el ámbito de actuación del SEPE y por tanto dependían de dicho organismo», señala el informe fiscalizador consultado por ABC.

También este convenio de colaboración recogía la obligación de la Fundae de gestionar, tramitar y remitir un informe al SEPE sobre las reclamaciones y denuncias presentadas en relación con el desarrollo del sistema de formación y de las iniciativas que lo componen. «No se ha tenido constancia de que la Fundae haya cumplido esta obligación», denuncia el Tribunal de Cuentas.