La CNMC choca con la Justicia en su intento de facilitar el acceso a la red de Correos a los operadores privados

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia acaba de fallar, en una sentencia a la que ha tenido acceso ABC, que el organismo hoy presidido por Cani Fernández se extralimitó en 2018 en sus funciones al tratar de imponer a Correos las condiciones económicas e incluso las tarifas que debía aplicar a los competidores que quisieran utilizar su red para distribuir los envíos contratados por sus clientes.

La CNMC incluyó esos parámetros en el 'contrato tipo de acceso a la red postal' de 2018, aprovechando las competencias que le reconoce la ley postal para la definición del mismo y tras constatar que el operador público aplicaba a sus competidores unas tarifas mucho más exigentes que las que ofrecía a sus grandes clientes. Los competidores de Correos llevaban años denunciando esta práctica, con argumentos como que mutilaba su capacidad de competir y los expulsaba 'de facto' del segmento de los contratos con grandes clientes públicos y privados, al no poder replicar de ninguna manera la implantación territorial de la red postal pública, que se quedó bajo la gestión de Correos pese a la liberalización del sector.

La Audiencia sentencia que las competencias de la CNMC en este ámbito se limitan «a comprobar que se respetan los principios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación» en el 'contrato tipo de acceso a la red', pero que en ningún caso le dan carta blanca para determinar ni las condiciones económicas ni las tarifas que Correos debe aplicar a los operadores que quieran hacer uso de su red por lo que declara nula la resolución de la CNMC respecto al contrato tipo de 2018.

Fuentes del operador estatal subrayan la relevancia de la sentencia ya que en su opinión avala el trato diferenciado que Correos ofrece a sus grandes clientes respecto a sus competidores y recalca que esa práctica no tiene por qué suponer una discriminación punible desde el punto de vista de la normativa de competencia.

El asunto no es menor. La CNMC ha intentado ya en tres ocasiones facilitar vía resolución el acceso de los operadores postales privados a la red de Correos con la convicción de que las presuntas barreras que levanta el operador público están detrás de la situación de falta de competencia real en el sector. La entidad propiedad del Estado que preside el que fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE, Juan Manuel Serrano , copa ya el 97% de la cuota de mercado del sector postal, tras la desaparición en 2019 de su principal competidor, Unipost. Todos esos intentos han sido desactivados por los tribunales.

Competencia no desiste en su empeño. El pasado mes de junio forzó a Correos a negociar con el operador privado RD Post las condiciones de acceso a su red ante la resistencia del operador público a dar acceso a su competidor a una serie de servicios.

Y no es el único conflicto que la CNMC mantiene con Correos . Competencia está ultimando la resolución del expediente sancionador que abrió en noviembre de 2019 a la empresa postal pública por su agresiva política de descuentos a grandes clientes, de la que sospecha que ha enmascarado la prestación de servicios por debajo del precio de coste con el fin de fidelizar a los mayores clientes del mercado postal y con el efecto de expulsar del mercado a sus competidores.

Precisamente, éste es el argumento que los administradores concursales de la ya desaparecida Unipost están enarbolando contra Correos en los tribunales para exigir una compensación de 300 millones por las presuntas prácticas anticompetitivas del operador público entre 2004 y 2017. Una sanción de la CNMC por este concepto expondría a Correos a una ola de demandas de operadores privados.d