Las universidades públicas de Madrid podrán diseñar un presupuesto de cinco años

La futura legislación regional en materia de enseñanza superior fue anunciada por Cristina Cifuentes el pasado 7 de septiembre con motivo del inicio del curso 2015/2016. Son varias las consejerías que trabajan el proyecto: se llamará Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (Ley EMES). «Madrid es el único sistema universitario de todo el territorio nacional con múltiples universidades sin una regulación específica», aseguran fuentes del ámbito superior. En efecto, la comunidad madrileña cuenta con seis universidades públicas (con más 200.000 alumnos) y siete privadas, con otros 54.000 estudiantes en sus respectivos campus.

El trabajo para sacar adelante la futura Ley EMES ha involucrado a varios departamentos del Gobierno regional aunque se pilota desde la Consejería de Educación, Juventud y Empleo, dirigida por Rafael Van Grieken.

Ese modelo de financiación estable, plurianual y transparente para las universidades públicas persigue la estabilidad no solo económica y financiera sino también la legal. Permitirá, entre otras cuestiones, planificar sus desarrollo y programas.

El proyecto de Ley EMES hará posible determinar la tasa que corresponde al servicio público que se proporciona a los estudiantes y, «con ello, la posibilidad de reducir las tasas universitarias hasta donde sea posible, de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias», reza en los objetivos. Recordar que, ya este curso, hay una bajada de las matrículas en un 10%, lo que, según los cálculos del Ejecutivo autonómico, ha beneficiado a 200.000 alumnos de universidades públicas.

Están previstos tres tramos en el futuro modelo de financiación. El primero estará ligado a la docencia y los estudiantes y se basará en el análisis del coste por alumno de grado o postgrado. El segundo se vincularía a los resultados de investigación. El tercero se fijaría en el cumplimiento de los objetivos que se marque cada Universidad a la vista de sus «propias estrategias de mejora» lo que, sin duda, impulsará la especialización de cada centro superior. Todo ello, dice el proyecto legislativo regional– «conlleva la firma de contratos-programa con cada una de las universidades públicas».

La futura Ley EMES abordará la «racionalización de la oferta académica, grados y postgrados interuniversitarios y, además, normativa para la creación de universidades privadas. Desde el Gobierno regional aseguran que se trabajará en colaboración con toda la comunidad universitaria.