El Defensor del Pueblo reprocha a Botella y a González la venta de viviendas públicas

El informe alude a ello por las quejas presentadas por la venta de viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) y a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) a compañías privadas. Unas denuncias que ponen de manifiesto que el traspaso de la propiedad de las viviendas «implicaba una privatización total» de la relación entre el beneficiario y el servicio público, en perjuicio del primero, que ostentaba esa condición en virtud de la correspondiente adjudicación de la vivienda pública por parte de la administración.

«Esta institución ha considerado que el ejercicio de esa competencia no se reduce a una relación arrendaticia, sino que implica una esfera de derechos (posibilidades de reducción de rentas, mecanismos de pago de las deudas de los inquilinos, posibilidad de cambio o permuta de la vivienda, etc.). Esta esfera de garantía se ve drásticamente reducida al limitarse estrictamente al contrato de arrendamiento, civil, sin obligaciones de servicio público», recoge el texto.

No obstante, detalla que las actuaciones iniciadas en 2013 fueron suspendidas en otoño de 2014 al haberse instado la intervención de los tribunales ante posibles delitos de prevaricación , malversación de caudales públicos o sustracción de bienes públicos a su utilidad social.

Por otro lado, recalca que el Ayuntamiento de Móstoles convocó en dos ocasiones licitación pública para vender una promoción de viviendas protegidas. El Defensor del Pueblo ha iniciado al respecto actuaciones para «advertir de las consecuencias que tendría la venta y solicitar la aclaración de dudas que generan algunas cláusulas del pliego de condiciones regulador de la venta de estas viviendas ».

La oficina del Defensor del Pueblo ha vuelto a recordar a la Comunidad de Madrid que está incumpliendo su obligación legal de informar a los solicitantes de vivienda del Instituto de la Vivienda de Madrid ( Ivima ). El informe anual de 2014 del Defensor del Pueblo señala que son numerosas las quejas por el procedimiento de adjudicación de viviendas protegidas, fundamentalmente debidas a la falta de información de los solicitantes sobre el curso de su solicitud.

Esto motivó que en 2011 el Defensor del Pueblo recomendara a la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda crear un Registro público de solicitantes de vivienda. Con ello, añade la institución, los ciudadanos tendrían información accesible. La consejería respondió que por Orden 5042/2009, de la entonces Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, se impuso la creación del Registro Público de Demandantes de Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de Madrid.

Pero el conocimiento e identificación de los solicitantes de vivienda en arrendamiento con opción de compra para jóvenes y de viviendas del Ivima se lleva a cabo a través de la Lista Única de Solicitantes de Vivienda con Protección Pública en arrendamiento con opción de compra para jóvenes y de la base de datos de solicitantes de vivienda pública. El Defensor del Pueblo consideró que no era suficiente con las medidas adoptadas, por lo que hizo un recordatorio de deberes legales relativo a la obligación de crear el registro, contenida en la disposición transitoria sexta del Real Decreto 2066/2008.

La consejería respondió que al no mencionar el nuevo Plan Estatal de Vivienda la existencia del registro, y atendiendo a la coyuntura de restricción presupuestaria, no se contemplaba la implantación efectiva del registro. Por ello, la oficina del Defensor del Pueblo cerró las actuaciones, no sin recordar a la consejería madrileña que estaba incumpliendo una obligación legal. Esta institución también ha conocido quejas relativas a los requisitos de adjudicación de las viviendas, y a los distintos cupos de adjudicación.

Un ejemplo significativo, apunta, es la denegación de la adjudicación de una vivienda por especial necesidad a una persona con discapacidad , que residía con sus padres, en cuyo caso la norma contempla la denegación de la adjudicación. Por ello, la oficina del Defensor del Pueblo sugirió a la Administración modificar la norma para establecer un cupo reservado para personas con discapacidad en todas las convocatorias, y para la regulación de las situaciones de especial necesidad.

Esto posibilitaría que puedan acceder a la adjudicación las personas con discapacidad que residan con sus ascendientes sin ser propietarios de una vivienda. La Administración aceptó la sugerencia , añade la institución, que considera que los requisitos de adjudicación de una vivienda de protección pública deben ser ponderados.