Juzgan al alcalde de Badalona por vincular rumanos y delincuencia

Un auto de la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Badalona, que investigó el caso, considera "sólidas y consistentes las acusaciones formuladas" por la Fiscalía y la acusación particular --SOS Racisme Catalunya-- que atribuyen a Albiol un delito de provocación al odio, a la discriminación o a la violencia, por el que solicitan para el ahora alcalde un año de cárcel.

El alcalde de Badalona ha llegado a la ciudad de la Justicia arropado por dirigentes populares como Jordi Cornet y Alberto Fernández, mientras que la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, acudirá más tarde por encontrarse en la sesión de control del Parlament. A su llegada a los juzgados, cerca de 200 vecinos han arropado a García Albiol sosteniendo cuartillas en las que podía leerse "Alcalde esamos contigo", mientras que medio centenar de detractores han reivindicado una "tolerancia cero con el racismo".

Los 15.000 dípticos que los populares repartieron por los barrios de Llefià, Sant Roc y La Salut de Badalona el 24 de abril de 2010 --año anterior a las elecciones municipales-- contenían fotografías de gitanos rumanos acompañados de lemas como 'inseguridad', 'delincuencia' y 'vandalismo', y la imagen de una pintada con el mensaje 'no queremos rumanos'. En las semanas posteriores al reparto de los folletos, Albiol continuó promocionando el mismo discurso en diferentes medios de comunicación y actos.

La Audiencia de Barcelona había obligado a mediados de septiembre de 2012 al Juzgado de Instrucción 2 de Badalona a reabrir la causa al concluir que estas expresiones representan objetivamente un ataque a la dignidad personal y al honor de todos lo miembros del colectivo de gitanos rumanos y pueden contener un "mensaje claramente incitador a la discriminación y al odio". Esta decisión echó por tierra la decisión del juzgado de instrucción que lo había archivado al considerar únicamente como excesos verbales algunas de las declaraciones del alcalde, apelando a la libertad y al derecho del político de "expresar políticas de inmigración alternativas a la vigente".