De Venezuela a la entrega de narcos: por qué Honduras no hará extradiciones a EE.UU.

La presidenta hondureña, Xiomara Castro, ordenó el pasado 28 de agosto la cancelación del tratado de extradición entre ambos países. ¿La razón? Según fuentes del Gobierno, desavenencias entre ambas naciones que llegaron al clímax tras unas declaraciones «desafortunadas» de la embajadora de EE.UU. en Honduras, criticando una reunión entre funcionarios hondureños y venezolanos.

Eduardo Enrique Reina, canciller de Honduras, confirmó la notificación oficial del país centroamericano a EE.UU. a través de un comunicado leído en una conferencia de prensa. «Conforme al artículo 15 del referido tratado internacional, Honduras comunica a la embajada de Estados Unidos, la decisión del Gobierno de la República de Honduras de dar por terminado el tratado de extradición», leyó el canciller, quien también criticó la injerencia y las «peligrosas declaraciones» de funcionarios estadounidense sobre el Gobierno de Castro. «Las relaciones internacionales deben basarse en el respeto mutuo, en el diálogo, en la no injerencia, en no tratar de imponer políticas, no importa las posiciones que asuma otro Estado, por los intereses que sea (…) así el Gobierno le está enviando un mensaje a EE.UU. de que si quieren cooperar, trabajemos realmente respetándonos mutuamente», matizó el canciller.

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Según el artículo 14 del tratado de extradición, cualquiera de las partes puede darlo por terminado, sencillamente con la condición de que la intención debe notificarse seis meses antes. Es decir que, una vez informado EE.UU. –cuya notificación fue hecha efectiva el 28 de agosto–, el tratado dejará de tener efecto seis meses después; o sea, el 28 de enero de 2025. Esto significa que aquellas órdenes de extradición pendientes de ejecutar, no se verán afectadas por este rompimiento, puesto que han ocurrido antes de que se disolviera el tratado de extradición.

No es ningún secreto que Honduras y EE.UU. nunca fueron especialmente cercanos desde que Castro asumió la presidencia. Esto, a pesar de que fue durante su Gobierno que el expresidente y gran némesis político de Castro, Juan Orlando Hernández, fue detenido y extraditado a EE.UU. El pasado junio fue condenado a 45 años de cárcel y cinco más de libertad vigilada, por un tribunal de Nueva York, por varios delitos relacionados con el narcotráfico y el uso de armas.

Más allá de la condena de su adversario político, el Gobierno socialista de Honduras no comulga con el estadounidense, que se caracteriza por mantener una fuerte presencia e interés en la política de los países centroamericanos, sobre todo de Guatemala, El Salvador y Honduras, a quienes señala como 'el triángulo norte', un apodo que no necesariamente es del agrado de las naciones de la región.

Pero la gota que derramó el vaso, está relacionada con el apoyo que Castro ha dado al dictador Nicolás Maduro en Venezuela, sobre todo tras las polémicas elecciones en las que el resultado oficial –una supuesta victoria de Maduro para gobernar por un periodo más– ha sido puesta en duda por la mayoría de países de la región. En este contexto, la embajadora estadounidense en Tegucigalpa, Laura Dogu, expresó la preocupación de EE.UU. por la reunión de autoridades de Defensa de Honduras con un funcionario venezolano que, según los estadounidenses, «es un narcotraficante».

José Zelaya, ministro de Defensa de Honduras, y Roosevelt Hernández, jefe de las Fuerzas Armadas hondureñas, se reunieron en Venezuela con Vladimir Padrino, ministro de Defensa venezolano. «[Es] sorprendente y un poco decepcionante ver oficiales del Gobierno [hondureño] sentados con miembros de un cártel basado en Venezuela, cuando la presidenta Castro está en una lucha constante contra los narcotraficantes», dijo Doug en una rueda de prensa.

«[Los Estados Unidos] agreden, desconocen y violan impunemente los principios y prácticas del derecho internacional, que promueven el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la paz universal. Basta», expresó la presidenta en redes sociales. Pero, de acuerdo con fuentes de la oposición, el motivo detrás de la cancelación del Tratado de Extradición podría ser más sombrío: beneficiar, por razones políticas, a un alto número de hondureños en proceso de extradición al país del norte.

Analistas y abogados expertos han dicho a ABC que los más beneficiados por esta medida serán los narcotraficantes hondureños y aquellos implicados en actos de corrupción. Es más, con el Tratado fuera de vigencia –en enero de 2025, según la ley– podría darse un aumento del tráfico de ilícitos por el país. «Es un chiste para los narcotraficantes. Es más, ni siquiera el expresidente Hernández pensó en anular el Tratado cuando su propio hermano estaba siendo extraditado. Esto solo puede significar que Castro está blindando a narcotraficantes de mayor envergadura, bajo argumentos de supuesta soberanía», apunta una fuente de la oposición que prefiere no ser citada.

Pero el Gobierno hondureño ha sido tajante; el problema, ahora mismo, es con EE.UU., nadie más. «No estamos eliminando ni denunciando otros tratados que tiene Honduras con otros países, solo nos referimos al de EE.UU.», matizó el canciller ante los medios locales. Cabe recalcar que la extradición de hondureños a EE.UU. no era una práctica antigua. Es más bien, reciente. Una reforma constitucional aprobada en 2012 habilitó la extradición de hondureños a solicitud de otros países, y la cereza en el pastel fue la extradición del expresidente Hernández.