Trump usará el cierre del Gobierno para despedir a más funcionarios

La sesión del martes en el Capitolio terminó sin acuerdo. El proyecto republicano de continuidad, que habría mantenido abiertas las agencias siete semanas más, hasta el 21 de noviembre, obtuvo 55 votos, cinco por debajo de los necesarios. Los demócratas lo rechazaron por no incluir ayudas adicionales a familias con bajos ingresos y otras críticas a Trump y su equipo. Su propia alternativa tampoco prosperó. Con la Cámara de Representantes en receso hasta el 7 de octubre, la Casa Blanca ordenó la activación inmediata de los planes de cierre.

El presidente Trump compareció antes, en el Despacho Oval, para dejar claro que, a diferencia de anteriores episodios, su Administración no entiende el cierre como una pausa temporal, sino como una oportunidad. «Podemos hacer cosas durante este periodo que serán irreversibles», dijo.

Una circular de la Oficina de Gestión y Presupuesto enviada días antes instruyó a las agencias a preparar despidos masivos, con el argumento de que los programas sin fondos vigentes pueden quedar cancelados de manera definitiva.

En el contexto del cierre gubernamental, la Casa Blanca destituyó de forma abrupta a casi todos los miembros del Consejo Nacional de Humanidades, y conservó únicamente a cuatro consejeros afines nombrados por Trump. Se trata de un órgano de 26 expertos y académicos que asesora en la concesión de subvenciones y en la orientación de políticas culturales.

El cese se comunicó por correo electrónico, efectivo de inmediato, firmado por la Oficina de Personal Presidencial. La página oficial del consejo pasó a reflejar solo los cuatro nombres que lo integran ahora. Al reducir el consejo a un núcleo leal, la Casa Blanca evita disenso interno en decisiones de financiación y agenda cultural, justo cuando hay litigios abiertos y cambios de política cultural en curso.

Los efectos del cierre del Gobierno federal se sintieron desde el primer día. La Oficina Presupuestaria del Congreso calcula que unos 750.000 de los dos millones de empleados federales quedarán apartados de sus puestos sin sueldo, con un coste de 400 millones de dólares diarios en nóminas diferidas. A ello se suman los 275.000 funcionarios que ya habían salido del servicio desde enero, entre jubilaciones anticipadas y ceses, en el marco de la política de reducción del tamaño del Estado impulsada por Trump desde su regreso al Despacho Oval.

Los departamentos más afectados son Educación, con casi el 90% de su plantilla en paro técnico; Comercio, con el 80%; Trabajo, con tres de cada cuatro empleados fuera, y Estado, que mantiene en casa a dos tercios de sus diplomáticos. En Agricultura, la mitad de los trabajadores han sido suspendidos, aunque se mantienen las inspecciones alimentarias y la respuesta a emergencias veterinarias. En el Departamento de Seguridad Interior, que cuenta con 271.000 efectivos, la gran mayoría permanece en sus puestos, especialmente en inmigración, patrulla fronteriza y control aeroportuario.

No todo se detiene. Algunos servicios esenciales continúan funcionando porque no dependen directamente de los presupuestos anuales. El Servicio Postal sigue repartiendo cartas, financiado con la venta de sus propios productos. Los cheques de la Seguridad Social y las coberturas de Medicare y Medicaid se siguen distribuyendo. El 88% de los trabajadores de la Seguridad Social y el 96% del Departamento de Veteranos trabajan sin cobrar hasta nuevo aviso. Los hospitales para excombatientes permanecen abiertos y los entierros en cementerios nacionales no se interrumpen.

Hacienda es una excepción destacada. El Servicio de Impuestos Internos mantiene operaciones gracias a la financiación plurianual aprobada en 2022. La agencia podrá seguir procesando declaraciones hasta 2031 sin depender de las negociaciones actuales. En cambio, la Oficina de Estadísticas Laborales ha suspendido todas sus publicaciones, lo que incluye la cancelación del informe de empleo de septiembre, previsto para el 3 de octubre. Esto priva a los mercados de un indicador clave.

La seguridad nacional se mantiene activa. El FBI, la CIA, las Fuerzas Armadas, los controladores aéreos y la Agencia de Seguridad en el Transporte trabajan sin interrupción, aunque muchos empleados no cobrarán hasta que se resuelva el pulso político. En el caso de los militares, los soldados no reciben sueldo aunque sí deben trabajar.

En cierres anteriores, esa situación provocó incidentes: en 2019, la falta de diez controladores aéreos obligó a cerrar el aeropuerto de LaGuardia en Nueva York y causó retrasos en otros hubs del país. La Agencia de Ciberseguridad ha puesto en excedencia a dos tercios de su plantilla, lo que genera preocupación en un contexto de crecientes amenazas en redes.

El turismo es uno de los sectores que más sufre. Los parques nacionales permanecen abiertos en lo básico -senderos, carreteras y monumentos al aire libre- pero cierran centros de visitantes, museos y aparcamientos. En Washington, la clausura afecta a la red de museos del Smithsonian y a la Galería Nacional de Arte. Algunos cuentan con recursos para resistir hasta el fin de semana, pero no más allá. El Servicio de Parques ha enviado a casa a dos tercios de sus empleados, manteniendo solo servicios mínimos de limpieza y seguridad con ingresos de entradas.

En el ámbito sanitario, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades mantienen la vigilancia epidemiológica, pero detienen parte de sus programas de investigación. Los Institutos Nacionales de Salud continúan los ensayos con pacientes ya inscritos, sin aceptar nuevos salvo excepciones críticas. La Agencia de Alimentos y Medicamentos reduce al mínimo su personal y deja de tramitar solicitudes de aprobación de fármacos y dispositivos, lo que afecta a la industria farmacéutica.