Ecuador vota si quiere una nueva Constitución y bases militares extranjeras

En cuanto a política interna, la autorización para que se instale una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución para reemplazar la vigente, que fue aprobada en 2008 durante el Gobierno de Rafael Correa, es la que mayor atención concita.

Las otras dos preguntas proponen eliminar del Presupuesto del Estado la financiación a los partidos políticos, y la reducción del número de diputados, de 151 a 73. Dos cuestiones que han sido consideradas por los observadores como «preguntas gancho» para atraer el respaldo popular, en un país que rechaza a los partidos políticos y detesta a los diputados. A pesar de ello, ambas han sido criticadas por algunos analistas, que temen un daño a la representación democrática.

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Thalía Flores

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, recorre junto al presidente Noboa dos provincias costeras donde baraja establecer instalaciones del Ejército para luchar contra el crimen organizado, que deberían ser aprobadas en referéndum

La apuesta de Daniel Noboa es que los 13,9 millones de ecuatorianos convocados a las urnas respondan con un ‘sí’ a las cuatro preguntas, pero ha sido evidente que el énfasis de la campaña del Gobierno ha estado en la Asamblea Constituyente y en la instalación de bases militares extranjeras. El Ejecutivo ha argumentado que, de ser aprobadas, se dotaría de herramientas imprescindibles para gobernar este país azotado por la violencia incontenible del crimen organizado transnacional, vinculada al narcotráfico.

En lo referente al establecimiento de una Asamblea Constituyente, se ha justificado por la necesidad de modificar la Carta Maga vigente, considerada un obstáculo para la inversión extranjera, que prohíbe el trabajo a tiempo parcial y es laxa en garantías con la delincuencia. Desde el Gobierno de Noboa se plantea diseñar un nuevo marco político y económico y «refundar el Estado ecuatoriano». Dicha Asamblea estaría integrada por 80 diputados constituyentes y tendría una duración de 180 días, prorrogables por otros 60, para redactar un nuevo texto constitucional que será sometido a referéndum para ser aprobado. Según encuestas publicadas la semana pasada, el ‘sí’ tendría un apoyo mayoritario.

En cuanto al retorno de las bases militares, los ciudadanos deberán pronunciarse sobre la derogación del artículo 5 de la Constitución, que prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Ese artículo se introdujo en la Carta Magna promovida por Rafael Correa (2007-2017). Tras ser promulgada en 2008, y al no renovarse el convenio con Estados Unidos, este país dejó en 2009 la base de Manta. Desde allí, operada por militares ecuatorianos, se coordinaban las operaciones contra el narcotráfico.

Para EE.UU., lo que el pueblo ecuatoriano resuelva hoy es esencial, en un momento de alta tensión en la región por el despliegue de una flota naval en el Caribe en su ofensiva contra el narcotráfico. Así lo demuestra la presencia en Ecuador de la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, quien ha visitado el país en dos ocasiones en apenas tres meses. En su segunda visita, la semana pasada, recorrió junto al presidente Noboa dos instalaciones militares (Manta y Salinas) para encontrar la mejor ubicación para bases militares en las que operaría su país en labores conjuntas con Ecuador.

Para el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien visitó el país el 4 de septiembre pasado, Ecuador es «un punto estratégico» para enfrentarse a delitos como el «narcoterrorismo» y la pesca ilegal. Así lo expresó en Quito, tras un encuentro con el presidente Noboa.

La cercanía política entre Quito y Washington es evidente y la importancia de lo que se decida el domingo en Ecuador es notoria. La tarde del jueves 13 de noviembre, cuando se producía el cierre de la campaña, la Casa Blanca anunció que el presidente Donald Trump y su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, «alcanzaron un acuerdo marco relacionado sobre aranceles recíprocos del 15% que pesan sobre Ecuador». Fuentes consultadas dijeron que se trata de un paso previo para la reducción o eliminación de las sobretasas arancelarias impuestas, en abril pasado, sobre algunos productos que se exportan a Estados Unidos.

La campaña por el referéndum y consulta popular ha sido atípica, no solo por ser la más corta desde el retorno a la democracia, en 1979, ya que ha durado apenas 13 días, sino porque el mayor antagonista del Gobierno, el movimiento correísta Revolución Ciudadana, que se opone, frontalmente, a la instalación de bases militares, no ha mostrado fuerza para promover el No a la Constituyente, por lo que quedó en manos de los sindicatos, las organizaciones sociales y el movimiento indígena, puesto que consideran a la Constituyente una opción para el regreso de su líder a la política activa.

Parte del debate de la campaña, entre los expertos, ha sido, justamente, el hecho de que para Rafael Correa, la Constituyente podría ser el único y último recurso para buscar regresar al país, después de haber agotado todas las posibilidades legales, para anular la sentencia por cohecho agravado que lo tiene, hoy, en calidad de prófugo, y solo podría aspirar a «un acuerdo» con el movimiento oficialista ADN, ya que en el Estatuto que Daniel Noboa envío a la Corte Constitucional para que aprueben la convocatoria a las urnas, señala que para aprobar los textos de la Constitución se requerirá dos tercios de los 80 asambleístas constituyentes, lo que obligaría a tranzar con la otra fuerza política que se presume tendrá una importante representación.