Sheikh Hasina, la fugada ex primera ministra bangladesí condenada a muerte

Sheikh Hasina Wazed —78 años—, era la líder del partido político de centroizquierda Liga Awami. A su vez, es hija de Sheikh Mujibur Rahman (1920-1975), político de origen bengalí, quien fue uno de los partícipes de la fundación del Estado de Bangladés.

Hasina ha sido la primera ministra de Bangladés durante cinco mandatos, cuatro de ellos consecutivos: el primero fue entre 1996 y 2001, donde ganó con más del 37% de los votos y una participación de casi el 76% de la ciudadanía. Posteriormente, perdió los siguientes comicios ante Jaleda Zia, líder del Partido Nacionalista de Bangladés.

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En los siete años de impase, Hasina padeció un intento de asesinato mediante un ataque con granadas en el 2004, donde murieron 24 personas y más de 500 quedaron heridos. A ella le provocaron problemas de audición permanentes.

Posteriormente, Sheikh Hasina ganó cómodamente las elecciones de 2008 en las que apenas un 15% de la población se abstuvo. Desde este punto, cuatro mandatos seguidos mantuvieron a Sheikh Hasina en el poder, sorteando diferentes comicios con cada vez menos participación y unos porcentajes de voto a su favor inusualmente elevados.

En enero del año pasado afianzó el poder en sus últimos comicios, marcados por un 60% de abstención y una victoria aplastante, además de represión contra sus opositores, que la calificaron de autócrata y amenaza para la democracia. De esta manera, el descontento social fue germinando y se tradujo en las protestas estudiantiles que se saldaron con su dimisión, un baño de sangre y su consiguiente fuga en helicóptero a la India.

Bangladés es un país hiperpoblado que atraviesa unas condiciones desafiantes cuya economía se sustenta en una precaria industria textil. El descontento latente se agudiza en el alto desempleo juvenil.

La ira estudiantil se desató cuando el Supremo declaró el año pasado inconstitucional la supresión llevada a cabo en 2018 de una medida polémica. Esta garantizaba un sistema de cuotas que reservaba el 30% del empleo público para familiares de veteranos de la guerra de liberación de Pakistán.

La iniciativa, que dificultaba el acceso a un empleo público muy atractivo debido a sus buenas prestaciones, en contra de un empleo privado peor valorado, sacaron a los estudiantes a las calles paralizando el país. Entre sus reclamos se encontraba que la medida favorecía a un colectivo afín al partido de Hasina, cuyo objetivo era el de preservar statu quo.

El Ejecutivo acabó por reducir las cuotas del 30 al 5% como respuesta ante las revueltas estudiantiles, pero no fue suficiente para colmar la ira. La violencia continuó en la calle y el Gobierno optó por la represión: estableció un toque de queda para evitar futuras concentraciones y cortes de internet para dificultar la organización de protestas. Pero no fue suficiente para detener las revueltas. Los estudiantes y organismos internacionales condenaron su deriva autoritaria.

A esta compleja situación se le suma el baño de sangre contra los manifestantes, una preocupante cantidad de insurrectos y policías fallecidos y otros muchos tantos detenidos, un cóctel perfecto para fomentar la ira en el pueblo bangladesí que precipitó su salida del país y que ahora exige su cabeza.