Odio y muerte en Bangladés por los privilegios laborales de los familiares de los héroes de la independencia

Los estudiantes bangladesíes, ante la alarmante tasa de desempleo juvenil, se levantaron contra el gobierno de la primera ministra, Sheikh Hasina (76 años), luego de que el Ejecutivo recuperara el pasado junio el sistema de cuotas heredado de la guerra de independencia. Este plan contempla reservar una tasa del 30% del empleo público para familiares de veteranos que participaron en dicho conflicto. Aunque fue suspendido en 2018 debido, precisamente, a protestas estudiantiles masivas, se ha recuperado por un fallo del Tribunal Supremo que declaró inconstitucional su supresión.

La frustración de los estudiantes, con serias dificultades para acceder a empleo –se estima que hay alrededor de 18 millones de jóvenes sin trabajo en el país–, se tradujo en protestas en Daca, capital de Bangladés, como resultado de esa decisión, que consideran injusta. Los manifestantes acusan a Hasina de querer favorecer con esta medida a los familiares de los veteranos de guerra, que son afines a su Gobierno.

Su demanda principal es que no pueden competir bajo unos estándares de meritocracia, sobre todo, en el acceso a empleos públicos. Lo atractivo de estos trabajos en Bangladés es que garantizan una estabilidad laboral y unos salarios altos en un contexto líquido y volátil. Esta injusticia enfurece a los estudiantes, que ven sus oportunidades de acceder al mercado laboral público muy limitadas frente a un sector privado escaso y poco sugerente.

Sin embargo, estas protestas se tradujeron en revueltas violentas el 15 de julio, cuando otra facción de estudiantes, pertenecientes a la Liga Chatra -las juventudes de la Liga Awami, el partido de la primera ministra-, presuntamente dinamitaron las protestas en el campus de la Universidad de Daca. Asimismo, Hasina añadió leña al fuego al llamar «razakars» a los estudiantes que se movilizaban, un término que hace alusión a un grupo paramilitar que apoyó a Pakistán durante la guerra de independencia.

Al menos 174 personas han muerto y más de 2.500 han sido detenidas en estas revueltas estudiantiles que sacuden Bangladés, según el recuento de AFP. La primera ministra, que fue reelegida en enero para su cuarto mandato, vive la oleada de protestas más violentas en sus quince años al frente del Ejecutivo.

Ante la virulencia de las protestas, el Gobierno de Hasina optó por apaciguar la situación mediante la represión: se ha arrestado a más de 2.500 manifestantes y se ha impuesto un toque de queda, se ha desplegado al Ejército y se han bloqueado las comunicaciones a más de 170 millones de bangladesíes, con la desconexión nacional de internet con el objetivo de obstaculizar el intercambio de información.

La respuesta de Hasina ha sido duramente criticada tanto por los estudiantes como por organismos internacionales debido a su deriva autoritaria. De todas formas, no es la primera vez que la mandataria es acusada de ello, además de promover violaciones de derechos humanos, lo que su Gobierno niega. Sin embargo, Nahid, líder de Estudiantes Contra la Discriminación, el principal grupo que organiza las protestas, le pide el «regreso» de los cuatro coordinadores de su organización desaparecidos.

Desde la organización Amnistía Internacional acusan a Hasina de utilizar la violencia de manera desmedida para aplacar las protestas: «La creciente cifra de muertes es una estremecedora denuncia de la absoluta intolerancia que muestran las autoridades de Bangladesh ante la protesta y la disidencia«.

Por contraparte, Hasina no reconoció su responsabilidad y señaló el lunes a sus oponentes políticos por instigar la violencia, pero la oposición niega las acusaciones. También anunció que el toque de queda se levantaría «cuando la situación mejore».

Los manifestantes suspendieron el lunes las manifestaciones durante 48 horas porque no querían las reformas «a costa de tanta sangre», a la espera de que se satisfagan sus demandas. Por su parte, el Gobierno aceptó el domingo el fallo del Supremo, que establece que el 93% de los trabajos queden supeditados a la meritocracia; que el 5% se destinen a los familiares de los veteranos de la guerra de liberación; y que, por último, el 2% restante sea para otras minorías.

El ministro de Justicia, Anisul Huq, se pronunció respecto a la medida adoptada por el Ejecutivo: «El Gobierno ha actuado de acuerdo con el veredicto del Tribunal Supremo. [...] La reforma de las cuotas está hecha, ahora espero que los estudiantes se concentren en sus estudios«.

Sin embargo, los estudiantes plantearon nuevas demandas, como suprimir el toque de queda, que se restablezca la conexión a internet y la reapertura de los campus universitarios. El ministro de Telecomunicaciones bangladesí confirmó que el martes por la noche restablecería el internet de banda ancha tras cinco días sin conexión, sin confirmar si se recuperaría el internet móvil, fundamental para la organización de manifestaciones. El Gobierno justifica que todavía se mantengan activas esas medidas con el presunto objetivo de garantizar seguridad y de recuperar la normalidad en un país sacudido por la violencia.