El régimen cubano emula a Daniel Ortega y quitará la nacionalidad a quien dañe sus intereses

El primero dicta el despojo mediante Decreto Presidencial y el segundo, mediante Resolución.

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Camila Acosta | Corresponsal en La Habana

En el Artículo 54 se recuerda la norma constitucional de que «los cubanos no pueden ser privados de su ciudadanía, salvo por causas legalmente establecidas». Entre las causas enumeradas en el artículo 55.1, se hallan: «alistarse en cualquier tipo de organización armada con el objetivo de atentar contra la integridad territorial del Estado cubano, sus ciudadanos y demás personas residentes en el país, o desde el extranjero realizar actos contrarios a los altos intereses políticos, económicos y sociales de la República de Cuba, siempre que así se considere por la autoridad de ciudadanía correspondiente».

Por lo que, basta con que Díaz-Canel o el MININT consideren que un cubano ha realizado actos que atenten contra los «intereses políticos, económicos y sociales», o sea, de la dictadura, para privarlo de su nacionalidad.

Estas amplias facultades ha generado preocupación pues pudiera resultar en mayores abusos de poder y ser implementadas fundamentalmente contra opositores políticos, fundamentalmente los que se encuentren fuera de la isla, similar a como hiciera el dictador Daniel Ortega en Nicaragua el pasado año.

La pasada semana el régimen publicó igualmente un anteproyecto de Ley de Migración, mediante el cual proponen cambios significativos como el límite de estancia en el exterior de los cubanos y prohibiciones de entrada y salida del país por razones de «Seguridad y Defensa Nacional».

De aprobarse la normativa, representaría un exceso de atribuciones para las autoridades migratorias y violaciones a los derechos humanos de los cubanos.

La abogada del Centro de Asesoría Legal CubaLex, Giselle Morfi, asegura que la norma otorga a las autoridades «facultades que les permiten tomar decisiones arbitrarias, caer en corrupciones y otros delitos; no hay certeza jurídica de hasta dónde pueden llegar y, por lo tanto, la ciudadanía queda, en parte, desprotegida, a la hora de poder defenderse».

Todo ello, según refiere la abogada, «forma parte de toda la estrategia de opacidad del Gobierno cubano para poder actuar de manera arbitraria todo el tiempo y salir ilesos, para garantizar su impunidad».

Con anterioridad, la dictadura cubana ha llegado incluso a desterrar a activistas políticos, a muchos les ha prohibido la salida del país sin justificación alguna, y a otros les ha impedido la entrada pese a que han mantenido su residencia en Cuba, condenándolos a ser apátridas.

Mediante las nuevas leyes, el régimen cubano estaría afianzando sus mecanismos de chantaje y represión contra los opositores y la población en general.